Recomendamos votar por Phil Kim, Autumn Brown Garibay y Tim Tung para el Consejo de Educación.

Los electores pueden votar por hasta 3 candidatos en esta contienda, y creemos que estos tres merecen su voto.

El Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD, por sus siglas en inglés) pasó de una certificación presupuestaria «negativa» a una «calificada» y devolvió el álgebra al octavo grado tras una prohibición de 12 años. Sin embargo, el dominio de lectura y matemáticas sigue entre los más bajos de California, el distrito no ha logrado avances en las metas de lectoescritura y matemáticas que se fijó en 2022, y la reforma del sistema de asignación de estudiantes se retrasó hasta el ciclo 2028-29. Hay tres puestos en juego, y cada uno de estos tres candidatos aporta algo que el Consejo necesita.

Phil Kim

Phil es exmaestro de escuela pública, dirigió políticas educativas de STEM en más de 20 estados y más de 300 escuelas, y sus colegas lo eligieron presidente del Consejo por unanimidad en enero. Desde que se incorporó en 2024, ha llevado al distrito a enfocarse en lo que se puede medir. Fue el voto decisivo para devolver el álgebra al octavo grado, e hizo que la sostenibilidad fiscal formara parte de la evaluación de la superintendente, lo cual ayudó a sacar a SFUSD del hoyo presupuestario que casi les costó el empleo a los maestros.

«Estamos viendo cómo mejoran los resultados de lectura y matemáticas por primera vez en años, incluso después de los importantes recortes presupuestarios que tuvimos el año pasado».

Phil KimPresidente del Consejo de Educación

Autumn Brown Garibay

Autumn es madre de tres hijos en escuelas públicas y expresidenta de la asociación de familias (PTA), y todavía forma parte del equipo ejecutivo de su escuela. La mayor parte de lo que ha hecho por las familias de SFUSD es poco vistoso pero útil: guiar a madres y padres por la lotería de inscripción, los programas después de clases, la educación especial y los cambios de personal a mitad de año de los que nadie le avisa a uno.

Ese trabajo la llevó a plantearse una pregunta: si la lectura y las matemáticas son las principales prioridades de SFUSD, ¿cuáles son los planes para mejorarlas? Leyó los planes de rendimiento de las escuelas en busca de la respuesta. No está ahí.

En mi revisión preliminar de los planes de las escuelas, no veo una conexión clara entre las metas de SFUSD para todo el distrito y los SPSA [Planes Escolares para el Rendimiento Estudiantil] que se les pide a las escuelas que elaboren.

Autumn Brown GaribayMadre de SFUSD / Expresidenta de la PTA

Así es como un anuncio del distrito no llega a traducirse en avances, y eso es exactamente lo que ella corregiría. Insistiría en los dos problemas que conoce de primera mano: un proceso de inscripción que las familias puedan recorrer sin tener que conocer los trucos internos del sistema, y metas a las que se pueda dar seguimiento en los planes escolares, los presupuestos, la dotación de personal y la capacitación docente que deben hacerlas realidad.

Tim Tung

Tim tiene 20 años de experiencia auditando y equilibrando presupuestos, justo la especialidad que el distrito necesita para resolver su crisis presupuestaria. Empezó en el Departamento de Finanzas de la Ciudad de San José, donde elaboró los modelos de escenarios que la ciudad usó para cerrar sus déficits estructurales durante la crisis de 2008. Luego pasó 12 años en S&P Global Ratings revisando los presupuestos y las proyecciones a largo plazo de cientos de gobiernos locales, contrastando lo que prometían los funcionarios con lo que realmente cumplían y rebajando la calificación de quienes se quedaban cortos. Hoy preside el Comité Ciudadano de Supervisión de Bonos de Obligación General de San Francisco, que audita cómo gasta la Ciudad el dinero de sus bonos.

También es padre de familia de SFUSD y preside el consejo del plantel de su escuela. Quiere acabar con el retraso de la asignación de estudiantes por zonas y crear una reserva real antes de que venza en 2038 el impuesto predial parcelario que financia los salarios de los maestros.

Una política sin una supervisión rigurosa es simplemente una lista de deseos.

Tim TungPresidente del Comité de Supervisión de Bonos

Juntos, estos tres forman un equipo de ensueño: un educador que devolvió el álgebra al octavo grado, una madre que descubrió que el distrito prometía una cosa y planificaba otra, y un auditor que equilibró los presupuestos de una ciudad durante la crisis de 2008.

Recomendamos votar por Elijah Ball, Monroe Lace y Erwin Tam para el Consejo del Colegio Comunitario.

Los electores pueden votar por hasta 3 candidatos en esta contienda, y creemos que estos tres merecen su voto.

En enero de 2024, la comisión de acreditación del City College le impuso una advertencia a la institución, y la responsabilidad se la atribuyó a los síndicos y no al área académica: el City College cumplía 116 de los 119 estándares, y los tres requisitos que se le ordenó corregir tenían que ver con el Consejo de Gobierno, que debía sopesar las implicaciones fiscales a largo plazo de sus decisiones, actuar de acuerdo con sus propias políticas y estatutos, y dejar que la rectoría administrara las políticas del Consejo sin interferencias. La institución hizo ese trabajo, y su acreditación fue plenamente reafirmada en julio de 2025, con una rectora permanente ya en el cargo. Lo que no se ha resuelto es el dinero: las proyecciones del propio City College muestran un déficit estructural de $9.2M el próximo año, que crecerá a $24.9M para 2030, el mismo año en que le toca su próxima revisión de acreditación.

Estos tres ya trabajan juntos. Antes de responder a nuestro cuestionario, revisaron en grupo el presupuesto del City College partida por partida.

Elijah Ball

Ball es planificador de campus universitarios y ha hecho este trabajo en otros colegios comunitarios de California. Fue planificador del plan maestro de instalaciones 2025 de Folsom Lake College y trabajó en solicitudes de financiamiento estatal para obras de Long Beach City College y Pasadena City College. Sostiene que la matrícula, los programas académicos, las instalaciones y el dinero son un solo problema y no cuatro, y que los síndicos deberían evaluar las decisiones con una perspectiva de cinco años en lugar de pensar solo en el próximo ciclo presupuestario. Quiere que el Consejo compare el plan de matrícula de 2024 del City College con los resultados reales, y que se le encuentre un uso al Downtown Campus, que cerró este año.

Monroe Lace

Lace enseña en una escuela Title I (que recibe fondos federales por atender a muchos estudiantes de bajos ingresos), dirige su departamento y forma parte del consejo de su plantel escolar, lo que la ubica en el extremo de SFUSD de la vía hacia el City College que quiere ampliar. Ampliaría Bridge to Success, el programa que acompaña a los estudiantes de último año de SFUSD en su inscripción al City College, y restablecería las clases de recuperación de créditos en los planteles de preparatoria, en lugar de ofrecerlas solo en el Mission Center. Ella misma es cosmetóloga con licencia, y señala que San Francisco no tiene ningún programa universitario público de cosmetología, barbería ni manicura, por lo que los estudiantes tienen que trasladarse a San Bruno u Oakland, y que los egresados de los programas técnico-profesionales del City College logran un aumento salarial promedio del 44%. También aborda el tercer hallazgo de aquella advertencia, el que se refiere a los síndicos que interfieren en las funciones de la rectoría.

Un síndico que promete dirigir la contratación de empleados específicos o pasar por encima de la rectoría desde el estrado no entiende el cargo.

— Monroe Lace, cuestionario de GrowSF

Erwin Tam

Tam, exalumno del City College, lleva 25 años como asesor financiero municipal y ha trabajado con más de 30 colegios comunitarios de California en sus planes de financiamiento. Ha diagnosticado el problema de dinero de la institución: la matrícula ha caído en una cuarta parte en una década y, según sus cálculos, una garantía estatal que sostiene el financiamiento de los colegios que pierden alumnos pasó del 6.6% al 19.1% del financiamiento estatal del City College en cuatro años. Esa garantía se mantendrá congelada de aquí en adelante, lo que Tam llama un precipicio fiscal.

El próximo Consejo del City College hereda un déficit, una cuenta regresiva para la acreditación y un problema de matrícula. Ball sabe cómo se construye y se paga un campus, Lace sabe de dónde vendrían los estudiantes y Tam sabe leer las cuentas.

Recomendamos votar por Ruth Ferguson para el Consejo del Colegio Comunitario (tiempo restante del mandato en curso).

Respaldamos a Ferguson en 2024, y en enero el alcalde Lurie la nombró miembro del Consejo para ocupar el puesto que dejó Alan Wong cuando se convirtió en supervisor del Distrito 4. Se postula sin oposición para el resto de ese mandato.

Tras medio año en el cargo, conoce al detalle el problema de costos del City College. Los salarios y las prestaciones consumen más del 90% del fondo general no restringido, frente a la pauta del 85% que fija la Oficina del Rector de los colegios comunitarios del estado, y, como ella señala, esa proporción sigue subiendo aunque la plantilla se mantenga igual, porque los ingresos que la sostienen no están creciendo. Apoyó la reorganización de las divisiones que impulsó la rectora Messina como una de las respuestas.

Su plan de matrícula sigue la misma lógica: invertir donde la demanda ya supera los cupos. Eso significa las carreras de atención médica, ya que los programas de enfermería y de profesiones afines a la salud del City College tienen capacidad limitada en el sector de empleo más grande de San Francisco, y las vías de formación laboral que ya funcionan, como CityBuild y los programas de capacitación de bomberos y policías. Llegó a este puesto tras trabajar en políticas sobre estudiantes sin hogar en la Legislatura estatal, y antes fue presidenta del cuerpo estudiantil de un colegio comunitario de más de 17,000 estudiantes, donde supervisó un presupuesto de $1.4M.

Las finanzas del City College se decidirán en los próximos dos años, no en la próxima década. Ferguson ha dedicado sus primeros seis meses en el Consejo a entender exactamente a dónde va el dinero.

Recomendamos votar por Sara Barz para directora del BART, Distrito 8.

Respaldamos a Barz para el Comité Central Demócrata del Condado en marzo de 2024, y este es el puesto al que ha apuntado toda su carrera. Cofundó Seamless Bay Area para presionar a las agencias de la región a funcionar como un solo sistema en lugar de dos docenas de feudos, y es coautora del informe de SPUR de 2015 que defendía esa idea. En la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC) trabajó en Clipper y en Clipper START, el descuento de tarifa para personas de bajos ingresos, y desde entonces ha pasado años en Apple incorporando tarjetas de transporte a Apple Wallet en Norteamérica y Europa. Todo esto es lo que los pasajeros usan en cada viaje: cómo pagan y cómo pasan por las puertas tarifarias.

Eso importa más de lo habitual en este momento. Si la Medida Regional de Transporte Público no se aprueba en noviembre, los documentos de la propia Junta del BART prevén un recorte del 63% en las horas de servicio de los trenes, un aumento del 30% en las tarifas, el fin del servicio a las 9 p.m. y el cierre de diez estaciones a partir de enero de 2027.

Tiene propuestas concretas para el puesto. Apoya las nuevas puertas tarifarias y aun así quiere que se corrijan, porque las filas que se forman en horas pico son un problema en sí mismas. Ampliaría el programa de embajadores de transporte (transit ambassadors) como la forma más barata de poner más personal donde los pasajeros puedan verlo. Quiere que los contratos de servicios de acercamiento del BART estén vinculados a resultados, y pone como ejemplo el contrato de $350,000 con el que, según una auditoría, solo una persona ingresó a tratamiento en dos años. Además, quiere que el BART deje de tratar el arrendamiento de terrenos como toda su estrategia de desarrollo y que obtenga autoridad estatal para captar una parte mayor del valor que generan sus estaciones.

El BART tiene que poner de su parte para enfrentar la escasez de viviendas asequibles, pero a los trabajadores de bajos ingresos tampoco les sirve que se construyan viviendas orientadas al transporte público junto a un sistema que no puede costear su propio servicio.

Sara BarzCofundadora, Seamless Bay Area

La próxima Junta del BART pasará su mandato ocupándose de presupuestos, contratos y de si los pasajeros regresan. Barz ha dedicado su carrera exactamente a eso.

Recomendamos votar por Joaquín Torres para tasador-registrador. Esta oficina avalúa más de $350 mil millones en propiedades sujetas a impuestos y lleva los registros oficiales de la ciudad.

Aunque Torres se postula sin oposición, se ha ganado el cargo por méritos propios.

Torres heredó un proyecto en curso de $55 millones para reemplazar la tecnología de la oficina, con décadas de antigüedad, que había iniciado su antecesora Carmen Chu, y lo llevó a término. No queremos restarle mérito al papel de Chu en esa importante transición (ella merece todo el crédito por el arduo trabajo de ponerla en marcha), pero Torres sí merece el crédito por asegurarse de que se completara con éxito.

En diciembre de 2024 convirtió a San Francisco en el primer condado de California en publicar sus documentos registrados en línea y de forma gratuita: más de 7 millones de documentos que se remontan a 1990. Así reemplazó un sistema que cobraba a los residentes por copias de sus propias escrituras. Lo logró mientras mantenía los avalúos al día durante el mercado de bienes raíces comerciales más volátil que se recuerde y, según él mismo, con el mayor volumen de apelaciones de avalúos desde la Gran Recesión.

Mano Raju se postula sin oposición, y le damos un respaldo tibio. Dirige la Defensoría Pública desde 2019, cuando fue designado tras la muerte de Jeff Adachi, y hoy la oficina representa a más de 20,000 clientes por año con un presupuesto de $56.7 millones.

Creemos que podría hacerlo mejor. Desde mayo de 2025, la oficina rechaza casos nuevos un día a la semana con el argumento de que sus abogados ya no dan abasto, y en marzo un juez declaró a Raju en desacato y le impuso una multa de $26,000 por 26 casos de delitos graves que la oficina se negó a aceptar. Los acusados tienen el derecho constitucional a un abogado, y rechazar asignaciones de casos desafiando una orden judicial no es la forma en que San Francisco debería manejar sus tribunales.

Raju dice que la oficina necesita 35 abogados más para mantenerse al día con los casos que se presentan. Hicimos una revisión somera de las finanzas del departamento y no encontramos ahorros de esa magnitud, aunque creemos que la oficina podría ahorrar cerca de $1 millón si dejara el cabildeo en Sacramento y otras actividades políticas. La oficina tiene que trabajar con el Ayuntamiento para encontrar una salida.

Recomendamos votar por Stephen Sherrill para supervisor del Distrito 2.

Sherrill aporta verdadera experiencia en políticas públicas y un enfoque firme en lograr un gobierno eficaz que responda a los vecinos. Fue asesor sénior de políticas en la administración Bloomberg en Nueva York, dirigió aquí la Oficina para la Innovación de la Alcaldía y, como supervisor, ha reducido trámites burocráticos sin perder de vista la seguridad pública, las pequeñas empresas y el costo de vida. El Distrito 2 está de acuerdo: obtuvo el 69% de los votos en junio y en noviembre no enfrenta ninguna oposición seria.

Sin calles seguras, los padres no dejan que sus hijos caminen a la escuela, los negocios no pueden mantener sus puertas abiertas y la gente pierde la fe en la ciudad. Recuperar esa confianza empieza con resultados visibles, como aceras más limpias, respuestas más rápidas cuando la gente pide ayuda y una mejor coordinación entre los departamentos de la Ciudad para atender el consumo de drogas en la vía pública y mejorar las condiciones de las calles.

Stephen SherrillSupervisor, Distrito 2

¿Por qué votar por Stephen Sherrill?

Seguridad pública: Sherrill copatrocinó la ley para agilizar la respuesta del 911 cerca de escuelas y parques y la ley del alcalde Lurie sobre las personas sin hogar que viven en casas rodantes. Además, apoyó la ordenanza Recovery First, que amplía las viviendas para la recuperación, y encabezó junto con el SFPD el nuevo programa gratuito de almacenamiento de armas de fuego de la ciudad.

Pequeñas empresas: En la Avenida Van Ness, desde el Ayuntamiento hasta Broadway, el 53% de los locales comerciales a nivel de calle están vacantes. El plan de Sherrill para permitir que las tiendas ocupen esos espacios, vacíos desde hace años, se aprobó por unanimidad. También ayudó a extender el programa First Year Free (Primer Año Gratis), que ha eximido de las tarifas de apertura a más de 13,000 pequeñas empresas.

Un gobierno que funcione: Cuando dirigía la Oficina para la Innovación de la Alcaldía, su equipo creó la tecnología que por fin permitió que los nueve equipos de acercamiento en la calle de San Francisco, repartidos en cuatro departamentos, compartieran una sola vista de las personas que atienden, lo cual se traduce en mejor atención, servicio más rápido y costos más bajos. Dirige su propia oficina de la misma manera y mide el éxito por la satisfacción de los vecinos y por el seguimiento que da a cada caso.

Las posturas de Stephen Sherrill

Sherrill ha hecho un gran trabajo como supervisor, y nos entusiasma verlo seguir trabajando junto al alcalde Lurie para encarrilar de nuevo a San Francisco. Por eso cuenta con nuestro respaldo.

Recomendamos votar por Alan Wong para supervisor del Distrito 4.

El alcalde Lurie designó a Wong en diciembre de 2025, tras elegirlo entre cinco finalistas en un proceso abierto. Wong ganó la elección especial de junio con el 46% de los votos de primera preferencia en una contienda de cinco candidatos, casi el doble que su rival más cercano, y terminó con el 64.3% en la ronda final del voto por orden de preferencia. Creció en el Sunset, estudió en Lincoln High y llegó al cargo con una larga trayectoria en el servicio público: organizador sindical, asistente legislativo de un exsupervisor del D4, responsable de políticas públicas en el Children's Council of San Francisco, síndico del Consejo del Colegio Comunitario y primer teniente de la Guardia Nacional del Ejército.

El Sunset es la comunidad que amo y el único hogar que he conocido. Servir como supervisor es el mayor honor de mi vida. Asumiré este trabajo con corazón de servidor público. Como veterano, siempre pondré primero a mi comunidad y a mi país, por encima de cualquier partidismo o ideología.

Alan WongSupervisor, Distrito 4

Lo que ha hecho en el cargo

En menos de un año, Wong ha construido la trayectoria que esperábamos:

• Su primer voto fue a favor del Plan Family Zoning del alcalde Lurie, con lo cual rompió con el historial del distrito en contra de la densidad. Dijo que bloquearlo implicaba el riesgo de «perder el control local, lo cual no es aceptable».
• Copatrocinó la medida que duplica la multa máxima por los sideshows (exhibiciones ilegales de acrobacias con autos en la vía pública) después de que uno se apoderara del cruce de Kirkham y La Playa. Así, las multas de San Francisco igualan las de Oakland y San José.
• Copatrocinó la aceptación de una subvención federal de $6.25M que financia 50 plazas de agentes de policía, un acuerdo para retener a los policías y la ley del supervisor Dorsey sobre viviendas con servicios de apoyo libres de drogas.
• Su oficina está ayudando a los vecinos del Sunset a solicitarle a la SFMTA que convierta calles a estacionamiento en ángulo, lo que añade espacios sin frenar a los autobuses.

La Great Highway

El primer acto de Wong en el cargo fue presentar una medida electoral para reabrir la Gran Autopista Superior (Great Highway), en línea con la opinión mayoritaria de su distrito. Le faltó la firma de un solo supervisor más para que la medida calificara. Desde entonces, ese esfuerzo quedó superado por la Great Highway for Everyone Act, una iniciativa ciudadana que reabriría la vía a los autos entre semana y la mantendría libre de autos los fines de semana. En julio, los organizadores presentaron más de 15,000 firmas, muy por encima de las aproximadamente 10,600 necesarias para llegar a la boleta de noviembre, y Wong apoya la medida.

Sus prioridades para un mandato completo

Una policía con personal completo, con un reclutamiento enfocado en agentes bilingües que hablen cantonés, mandarín y español, y con los puestos de oficina en manos de personal civil para que los agentes jurados vuelvan a patrullar. Un gobierno que responda a los vecinos: dedica la mitad del tiempo de su personal a atenderlos y se compromete a responder cualquier inquietud en menos de 24 horas. Y una agenda para las pequeñas empresas que reemplace el «laberinto bizantino» de permisos con una lista de pasos sencilla, además de facilitar la apertura de guarderías y dar mejor información sobre las escuelas a las familias del Sunset.

Las posturas de Alan Wong

El Distrito 4 pidió un supervisor que escuche, y en menos de un año Wong ha votado según las prioridades de sus vecinos, ha logrado avances visibles y ya se ganó su voto una vez. Por eso cuenta con nuestro respaldo.

Recomendamos votar por Matt Dorsey para supervisor del Distrito 6.

Respaldamos a Dorsey cuando se postuló por primera vez en 2022, y en los cuatro años transcurridos desde entonces se ha dedicado a aprobar leyes que ayudan a las personas a dejar las drogas y entrar en tratamiento. Antes de llegar a la Junta de Supervisores, pasó 14 años en la Oficina del Abogado Municipal, donde trabajó en la batalla legal de nueve años por la igualdad en el matrimonio y en la demanda que salvó al City College del cierre. Más tarde fue director de comunicaciones del SFPD.

Fue mi propio camino de recuperación de la adicción lo que me llevó a pedir, primero a la alcaldesa London Breed y luego a los votantes del Distrito 6, un lugar en la Junta de Supervisores.

Matt DorseySupervisor, Distrito 6

¿Por qué votar por Matt Dorsey?

1. La recuperación primero

El supervisor Dorsey ha hecho más que cualquiera de sus colegas para reorientar la política de drogas de San Francisco hacia el tratamiento y la recuperación. Su ordenanza Recovery First fue aprobada por unanimidad en la Junta y firmada por el alcalde Lurie en mayo de 2025, con lo cual la remisión a largo plazo pasó a ser el objetivo oficial de los programas de drogas de la ciudad.

Este julio, su ordenanza de Viviendas Libres de Drogas (Drug-Free Housing) fue aprobada por la Junta con 7 votos a favor y 4 en contra. La ordenanza exige que la ciudad dé prioridad a las opciones libres de drogas dentro de la vivienda permanente con servicios de apoyo, lo cual es un gran cambio en la política de la ciudad. Hoy solo 42 de las aproximadamente 8,500 unidades de vivienda con servicios de apoyo de la ciudad son libres de drogas, a pesar de que el Departamento de Salud informa que el 26% de las sobredosis mortales de la ciudad ocurrieron dentro de viviendas con servicios de apoyo en 2024, una cifra mayor que la de quienes murieron en la calle. Las personas en recuperación no deberían verse obligadas a vivir rodeadas del abuso de drogas y alcohol solo porque necesitan ayuda con la vivienda.

También copatrocinó el RESET Center, que ofrece a las personas arrestadas por consumir drogas en la vía pública una alternativa a la sala de emergencias o a la cárcel, de modo que las conecta con recursos de recuperación y a la vez ahorra dinero a los contribuyentes. Dorsey lo considera el cambio de política más importante desde que comenzó la crisis del fentanilo.

2. Una policía con personal completo

Dorsey se ha enfocado sin descanso en resolver la falta de personal del SFPD. El análisis de personal de noviembre de 2025 del propio departamento cuenta 1,565 agentes jurados frente a los 2,257 que, según ese mismo análisis, necesita la ciudad, es decir, una brecha de 692. Sus dos intentos de cerrarla por medio de la boleta, en marzo y en noviembre de 2024, fracasaron. Aun así, no ha bajado los brazos. Este año la crisis por fin empezó a revertirse: el SFPD recibió 3,375 solicitudes en 2025, un 40% más que el año anterior, y registró su primer aumento neto de agentes desde 2020. Su plan para un segundo mandato es un esfuerzo de tres años para alcanzar el personal completo, con los puestos de oficina en manos de personal civil para que más agentes jurados vuelvan a patrullar.

3. Calles más seguras

Dorsey impulsó la llegada de las cámaras de velocidad a San Francisco, y los resultados llegaron rápido. En los puntos con cámaras, los excesos de velocidad de 10 millas por hora o más bajaron un 79% un año después de su puesta en marcha en marzo de 2025, lo que equivale a unos 40,000 conductores menos por día que exceden el límite. Además, presentó una resolución que insta al estado a permitir que el programa se amplíe. También copatrocinó la medida para duplicar las multas por sideshows (exhibiciones ilegales de acrobacias con autos en la vía pública).

4. Construir más viviendas

Dorsey votó a favor del Plan Family Zoning del alcalde Lurie, ha apoyado de forma constante la construcción de más viviendas en todos los vecindarios y apoya la conversión de oficinas a viviendas en el centro. Además, valoramos que entienda de economía: dice que los requisitos de vivienda inclusiva demasiado altos (que en la práctica son impuestos sobre las viviendas nuevas para financiar viviendas subsidiadas) han hecho que los proyectos pasen «de ser viables a ser descartados».

Las posturas de Matt Dorsey

Sobre otros temas

Recuperación del centro: Como supervisor del centro, respalda Vacant to Vibrant, Downtown First Thursdays y cambios en impuestos y permisos para volver a llenar oficinas y locales comerciales. Quiere bajar la tasa de oficinas vacías a menos del 20% para 2030, desde el máximo histórico de 36.9% a finales de 2024. Además, su ordenanza de la Zona de Entretenimiento de West SoMa, aprobada en diciembre de 2025 y en marcha desde este julio, permite que los bares y restaurantes de un amplio tramo de SoMa vendan bebidas para llevar.

Salud mental: Apoya ampliar las herramientas de tutela legal (conservatorship) y quiere que San Francisco colabore con los condados vecinos en centros regionales de tratamiento de salud mental, porque la calle y la cárcel son los dos peores lugares donde dejar a alguien en crisis.

GrowSF no hace una recomendación en el Distrito 8.

McCoy no respondió nuestro cuestionario, por lo que las posturas que aparecen arriba provienen de su plataforma de campaña y de la cobertura de prensa.

Patel se negó a responder nuestro cuestionario y Nguyen no lo respondió, por lo que sus posturas provienen de la plataforma de Patel, las prioridades de Nguyen y la cobertura de Mission Local sobre los candidatos en Family Zoning, vivienda, tutela legal y reducción de daños. Patel dice que el departamento de policía debe tener el personal adecuado en lugar de depender de horas extra, pero dentro de su presupuesto actual.

Algunos detalles de la plataforma de cada candidato

Manny Yekutiel

Yekutiel es dueño de Manny's, un café y espacio para eventos en la esquina de la Calle 16 y Valencia, y ha dirigido la Valencia Corridor Merchants Association (la asociación de comerciantes del corredor de Valencia). Cofundó el Civic Joy Fund con Daniel Lurie antes de que este llegara a alcalde; el fondo paga 17 recolecciones de basura por semana, mercados nocturnos y arte público en toda la ciudad. Ha formado parte de la Comisión de Pequeñas Empresas y pasó casi tres años en la Junta Directiva de la SFMTA.

Tiene la agenda de vivienda más ambiciosa de esta contienda: 10,000 viviendas nuevas en el Distrito 8 en ocho años, sobre todo mediante un «distrito de prioridad para la vivienda» en la Calle Market, desde Castro hasta Octavia. El distrito construyó 1,212 viviendas nuevas entre 2015 y 2024. También apoya un SFPD con personal completo, procesar a los traficantes de fentanilo, ampliar las viviendas para la recuperación y el tratamiento, y que el visto bueno del propietario del local sea la única aprobación que necesite la mayoría de los pequeños negocios nuevos. Sus respuestas completas están en su cuestionario.

Gary McCoy

McCoy fue asesor de Scott Wiener y London Breed cuando eran supervisores, y de la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi, y fue vicepresidente de políticas y asuntos públicos de HealthRIGHT 360, una organización sin fines de lucro que ha operado sitios de consumo seguro en San Francisco. Ha dirigido los clubes demócratas LGBTQ Alice B. Toklas y Harvey Milk.

Su plataforma apoya el Plan Family Zoning del alcalde Lurie y aprobaciones más rápidas para viviendas nuevas, con salarios prevalecientes en la construcción. Quiere más equipos de respuesta a crisis de salud mental y cámaras de velocidad en los corredores del Distrito 8, y se opone a que la policía use las cámaras lectoras de placas Flock. McCoy y Patel piden a sus simpatizantes que clasifiquen al otro en segundo lugar.

Darshini Patel

Patel trabajó en la Oficina de Innovación Social y Participación Cívica de la Casa Blanca de Obama, en campañas presidenciales y en operaciones de DoorDash. Es propietaria de una vivienda en el Distrito 8.

Su plataforma auditaría las horas extra del SFPD y pondría un tope a las horas extra de cada agente, ampliaría el Street Crisis Response Team (el equipo de respuesta a crisis en la calle) y mediría el 311 según si los problemas vuelven a aparecer y no según la rapidez con que se cierran los casos. Haría cumplir el impuesto a los locales vacíos contra los propietarios del Distrito 8 que no lo han declarado, y cambiaría los permisos para restaurantes de «no, a menos que» a «sí, siempre que». También se opone a las cámaras Flock.

Michael T. Nguyen

Nguyen es abogado de patentes y artista drag, integra el Comité Central del Condado del Partido Demócrata de San Francisco y forma parte de la junta ejecutiva del Harvey Milk LGBTQ Democratic Club.

Su propuesta principal es la «vivienda social», que describe como vivienda municipal, de ingresos mixtos y asequible de forma permanente. Se opone a reducir los requisitos de vivienda inclusiva y se ha opuesto a aumentar la densidad permitida por el riesgo de desplazamiento. Extendería a dos años el programa municipal Vacant to Vibrant para locales vacíos y lo combinaría con la estabilización de rentas comerciales, ampliaría Muni gratis a los usuarios de hasta 25 años y se opone a las cámaras Flock. Dice que no será «un sello de goma del alcalde».

El Distrito 8 usa la votación por orden de preferencia, así que puede clasificar hasta 10 candidatos.

Recomendamos votar por Theo Ellington para supervisor del Distrito 10.

Ellington lleva más de quince años trabajando en los problemas del Distrito 10. Como comisionado de la Ciudad en la Oficina de Inversión Comunitaria e Infraestructura, supervisó los planes de redesarrollo del astillero de Hunters Point (Hunters Point Shipyard), Mission Bay y Transbay. Como director de Asuntos Públicos de los Warriors, gestionó la alianza del Chase Center, que generó 3,000 empleos. Como director de servicios para personas sin hogar del Ejército de Salvación, construyó un centro de salud mental de estancia temporal con 50 camas y viviendas para la recuperación. Hoy dirige la Ópera de Bayview (Bayview Opera House).

No me postulo para estudiar estos problemas. Me postulo para resolverlos.

Theo EllingtonDirector de la Ópera de Bayview

GrowSF aún no existía la última vez que Theo se postuló a supervisor, pero nuestro cofundador respaldó a Ellington en 2018 como el candidato más a favor de la vivienda en aquella contienda. Ocho años después, lo sigue siendo.

¿Por qué votar por Theo Ellington?

1. Construir las 20,000 viviendas

El Distrito 10 tiene aproximadamente 20,000 viviendas aprobadas pero sin construir. Están atascadas en la «cartera de proyectos» de planificación en Pier 70, la Potrero Power Station, India Basin, el astillero de Hunters Point, Candlestick Point y la antigua fábrica Schlage Lock, y en el corredor de la calle Third de Bayview no se ha construido una sola vivienda nueva en más de una década.

El compromiso número uno de Ellington es convertir esa cartera de proyectos en viviendas reales. «No aprobadas. No autorizadas. Construidas», como lo dijo en nuestro cuestionario. Quiere plazos públicos, con consecuencias para los desarrolladores que obtienen la aprobación y no construyen. En Candlestick Point, donde la Junta de Supervisores aprobó el mapa final en junio y las obras de infraestructura por fin arrancan este verano tras más de una década de retrasos, afirma que, si el proyecto vuelve a estancarse, la ciudad debe aplicar sanciones y considerar recuperar o reasignar el terreno.

Apoya que los edificios de apartamentos pequeños de hasta seis pisos puedan construirse con una sola escalera en lugar de dos para que sean más baratos de construir, que las tarifas se fijen en niveles que maximicen la construcción de viviendas, y que la contratación local y los beneficios comunitarios se negocien desde el principio, en lugar de permitir que se conviertan en pretextos para bloquear proyectos. También quiere que la segunda ronda del Plan Family Zoning incluya al Distrito 10, que quedó fuera de la primera, y aumentar la capacidad de vivienda a lo largo de las calles Third, Evans y 16.

2. Seguridad pública

El Distrito 10 tiene la tasa de violencia armada más alta de la ciudad, y para Ellington es algo personal: su primo de 13 años murió baleado en Bayview. Apuesta tanto por hacer cumplir la ley como por la prevención. Apoya dotar al Departamento de Policía (SFPD, por sus siglas en inglés) de todo su personal y mantener patrullas a pie constantes en los corredores comerciales, algo con lo que el distrito no cuenta hoy. A diferencia de su oponente DJ Brookter, Theo Ellington apoya arrestar y procesar a los traficantes de fentanilo y a los cabecillas de las redes de robo. Además, quiere que los programas de prevención de la violencia y para jóvenes tengan financiamiento completo, y que se publiquen los tiempos de respuesta, las tasas de esclarecimiento de casos y los indicadores de confianza específicos del Distrito 10, para que los residentes puedan comprobar que funcionan.

3. Terminar la limpieza del astillero

Décadas de centrales eléctricas, autopistas y terrenos contaminados del astillero han dejado a Bayview-Hunters Point con algunas de las tasas de cáncer y asma más altas de la ciudad. Esto afectó directamente a la familia de Ellington. Después de que él y su esposa compraron una casa en el astillero, se enteraron de que el suelo no era seguro, porque la empresa contratada para certificarlo había mentido. Los Ellington fueron una de las dos familias que presentaron la demanda de 2018, con la que se obtuvo un acuerdo de $6.3M de los desarrolladores por no advertir a los compradores. Las reclamaciones contra la empresa contratista terminaron el 4 de agosto de 2026, cuando un juez federal dictaminó que una ley de responsabilidad nuclear impide que los propietarios reciban una compensación por la pérdida de valor de sus viviendas. Como supervisor, quiere un nuevo análisis completo de las parcelas certificadas de manera fraudulenta con supervisión independiente, una limpieza como es debido, monitores públicos y permanentes de la calidad del aire en Bayview y Visitacion Valley, y medidas reales contra el vertido ilegal de basura.

4. Un tratamiento que lleve a alguna parte

En el Ejército de Salvación, Ellington construyó el tipo de infraestructura de recuperación que la ciudad no deja de decir que necesita: un centro de salud mental de estancia temporal con 50 camas y viviendas de transición orientadas a la recuperación. Su regla es sencilla: nunca dar de alta a alguien de un tratamiento para devolverlo a la calle sin un siguiente paso estable. Pondría fin a la distribución de pipas y papel de aluminio, a la vez que mantendría las intervenciones de salud pública respaldadas por la evidencia, como las jeringas limpias, y apoya multar el consumo de drogas en la vía pública, siempre acompañado de una oferta de tratamiento en cada punto de contacto.

Postura de los candidatos

Sobre otros temas

Transporte público: Quiere que la línea T-Third pase cada 10 minutos en horas pico con prioridad en los semáforos, una solución para el cierre del puente de Islais Creek, que se restablezca el servicio nocturno para los trabajadores, y una estación adicional de Caltrain junto con más transporte por agua. Reconoce con franqueza que Bayview y Visitacion Valley siguen dependiendo del auto, y afirma que la infraestructura para bicicletas debe construirse donde realmente conecte a las personas con sus destinos, en lugar de imponerse de manera generalizada.

Pequeñas empresas: Su plan para las calles Third y Evans incluye permisos garantizados para los negocios que cumplan con el código, permitir que varias pequeñas empresas compartan un mismo local, negocios temporales (pop-ups) en locales vacíos y un Fondo de Inversión para Pequeñas Empresas del Distrito 10. Como nos dijo: «Abrir un negocio no debería sentirse más difícil que administrarlo».

¿Por qué no los otros candidatos?

J.R. Eppler intenta presentarse como un candidato a favor de la vivienda, pero su trayectoria cuenta la verdadera historia. Como presidente de la asociación vecinal Potrero Boosters, apeló un edificio de 127 viviendas en el 88 de la calle Arkansas por un tecnicismo sobre la combinación de tipos de unidades, que la Junta de Apelaciones rechazó 4 a 0. Se opuso a 450 viviendas en el 300 de la calle De Haro, con el argumento de que el proyecto se amparaba en una ley estatal a favor de la vivienda. Además, eximiría de CEQA a los albergues y a la vivienda asequible, pero no a la vivienda a precio de mercado, lo cual deja intacto el proceso de apelaciones para la mayor parte de lo que necesita el Distrito 10. En un distrito con 20,000 viviendas aprobadas pero sin construir, un supervisor que apoya la vivienda en principio y la apela en la práctica no es la persona indicada.

DJ Brookter formó parte de la Comisión de Policía de 2018 a 2021 y, aun así, nos dijo que se opone a arrestar y procesar a los traficantes de fentanilo, desde los vendedores en la calle hasta los cabecillas de los cárteles que los abastecen, y que se opone a perseguir a los líderes de las redes de robo y reventa de mercancía robada. En cuanto a la vivienda, afirma que el Distrito 10 ya ha cargado con más de lo que le corresponde y que las viviendas nuevas deberían construirse en otros distritos, y no cree que construir más vivienda sea la mejor manera de bajar el costo de vida. El Distrito 10 tiene la tasa de violencia armada más alta de la ciudad y 20,000 viviendas aprobadas pero sin construir. Necesita un supervisor que haga cumplir la ley y logre que esas viviendas se construyan.

¿Qué es?

La Propuesta A es una medida de limpieza de las juntas y comisiones de San Francisco. Fusiona las comisiones que duplican funciones, cierra las que están obsoletas o en desuso y saca a otras 9 de la Carta Municipal, de modo que la Junta de Supervisores pueda modificarlas sin necesidad de otra medida electoral.

Menos comisiones

La Propuesta A reduce de 55 a 38 el número de juntas y comisiones que figuran en la Carta Municipal: traslada 9 al Código Municipal y elimina o fusiona otras 8.

Las juntas y comisiones con funciones que se superponen se fusionan en una sola.

Se eliminan las comisiones que llevan años inactivas, como el Comité Especial de Huelga (Special Strike Committee), que según el fallo de una junta laboral estatal ya no puede reunirse legalmente. También desaparecen las que todavía se reúnen pero ya no cumplen ninguna función, como la Comisión de Saneamiento y Calles, que supervisa un departamento que ya no existe.

Las 9 comisiones que pasan al Código Municipal, como la Comisión de Servicios Humanos, siguen funcionando igual que hoy, pero en el futuro la Junta podría modificarlas o disolverlas mediante una ordenanza en lugar de una medida electoral.

Por último, la Propuesta A repite esta revisión cada diez años: a partir de 2035, la Ciudad deberá convocar un nuevo Grupo de Trabajo de Racionalización de Comisiones que vuelva a examinar todas las juntas y comisiones, para que la Junta de Supervisores pueda mantener bajo su número y cerrar las que hayan dejado de cumplir alguna función.

Antecedentes

La Propuesta A es el resultado de la Propuesta E de 2024, que creó el Grupo de Trabajo de Racionalización de Comisiones. Este grupo elaboró la primera lista completa de todas las comisiones de la ciudad, estudió sus funciones, resultados e impacto, y finalmente presentó una serie de recomendaciones a la Junta de Supervisores. El grupo de trabajo recomendó muchos más cambios de los que la Junta de Supervisores terminó adoptando, pero la Junta votó para incluir en la boleta su versión recortada de la medida.

El grupo de trabajo recomendó reducir el número de juntas y comisiones a 87 (más otras 41 que quedaban fuera del alcance de su trabajo) mediante la eliminación de 36 órganos inactivos, la fusión de 2 órganos duplicados y la eliminación de 24 órganos activos que ya no hacían falta. En total, habría reducido el número de órganos establecidos en la Carta Municipal de 55 a 24, y el de órganos del Código Administrativo de 76 a 63.

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¿Por qué votar SÍ?

La Propuesta A es una solución de sentido común a un problema evidente: en el Ayuntamiento hay demasiada burocracia, y eso lo frena todo. Una organización compleja con decenas de miles de empleados necesita responsables directos (Directly Responsible Individuals) a quienes se les pueda pedir cuentas por los fracasos. El responsable directo por excelencia es el alcalde o la alcaldesa, y son los electores quienes deciden si ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, hoy el alcalde no tiene la facultad de pedir cuentas a las personas en muchos departamentos, porque las protegen comisiones que no responden ante la Alcaldía. En su lugar, lo que obtenemos es difusión de la responsabilidad, caos y fracaso. La Propuesta A corrige eso.

Un informe del Gran Jurado Civil de San Francisco contó 152 comisiones que saturan el Ayuntamiento. Cada comisión y cada capa de burocracia que no rinde cuentas diluye la responsabilidad, de modo que cuando algo falla nadie responde y nada se arregla. Dos décadas de medidas electorales bien intencionadas pero mal ejecutadas construyeron este sistema roto, y ya es hora de arreglarlo.

La Propuesta A restablece una cadena de mando que funciona, para que haya personas claramente responsables del éxito o del fracaso. Los departamentos responderán ante funcionarios electos y no ante comisionados que nadie eligió, de modo que los electores podrán exigirles cuentas de verdad. Cada eslabón de la cadena de mando terminará ahora en usted. Vote SÍ a la Propuesta A.

¿Qué es?

La Propuesta B autorizaría a San Francisco a crear ahora una corporación de financiamiento municipal (COFIM) de propiedad de la Ciudad y, más adelante, un banco público. No aporta dinero para ninguno de los dos. La COFIM solo se crearía si la Tesorería-Recaudación Municipal determina que hay fondos suficientes y la Ciudad consigue el capital que se requiere. El banco público solo se crearía después de que la COFIM lleve al menos tres años en funcionamiento y obtenga la aprobación de los reguladores estatales y federales.

La COFIM podría prestar dinero a la Ciudad, a organizaciones sin fines de lucro y a empresas privadas para proyectos de vivienda asequible, acceso a la vivienda en propiedad, pequeñas empresas y medio ambiente. El banco público haría lo mismo, pero además podría captar depósitos.

A ninguna de las dos entidades se le permite invertir en «préstamos abusivos, combustibles fósiles, tabaco, armas, prisiones y empresas que infringen la legislación laboral». La medida no define ninguno de estos términos, así que serían las comisiones las que decidirían qué entra en cada categoría.

Gobernanza

Cada institución tendría una comisión pública de supervisión y una junta directiva, y serían las juntas directivas, no la Ciudad, las que manejarían las operaciones diarias. La Junta de Supervisores designa cuatro de los nueve puestos de la comisión, más que cualquier otro poder o funcionario electo. El alcalde designa dos, y el tesorero-recaudador de impuestos, el contralor y el abogado municipal, uno cada uno. A su vez, esa comisión designa la junta directiva que dirige el banco. Los políticos en funciones y los que lo fueron recientemente no pueden formar parte de la comisión.

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¿Por qué votar NO?

San Francisco no necesita un banco público, y menos cuando la ley que lo crearía, la Propuesta B, está plagada de errores.

Usted debería votar en contra de la Propuesta B por el fondo del asunto. No solo no resolverá los problemas que, según ella, existen, sino que exige un seguro de depósitos de la FDIC, que el Banco de Dakota del Norte no tiene y que la FDIC no le concederá a un banco de propiedad gubernamental; además, exime a quienes supervisan el banco de la Ordenanza Sunshine (la ley de transparencia) de San Francisco. Si se tratara de una propuesta más modesta, por ejemplo, para ofrecer financiamiento en condiciones ventajosas para proyectos de infraestructura y construcción, la veríamos con mejores ojos. Pero su objetivo final es guardar el dinero de los contribuyentes en un banco donde el Ayuntamiento escoge a todas las personas que escogen a los banqueros.

Uno de los principios centrales del banco público es sacar el dinero de la Ciudad «de Wall Street», pero ese argumento no resiste el contacto con la realidad. Los aproximadamente $17 mil millones en efectivo de la Ciudad no están guardados en una bóveda de Wall Street ni invertidos en acciones riesgosas; el tesorero los invierte principalmente en valores seguros del Tesoro de EE.UU. y de agencias federales.

Además, la medida tiene una contradicción interna de fondo: pone al Banco de Dakota del Norte como ejemplo de banco público exitoso, mientras le prohíbe a San Francisco una de las líneas de crédito emblemáticas de ese banco: los combustibles fósiles. La Propuesta B convenientemente pasa por alto que el Banco de Dakota del Norte es un prestamista importante del sector energético, incluidos el petróleo y el gas, que representan cerca del 9% de su cartera de préstamos. La calificación de S&P del banco señala sus «concentraciones considerables en comparación con la mayoría de los bancos calificados de EE.UU., incluidos» los préstamos al sector energético y agrícola. Dakota del Norte está tan comprometida con su industria petrolera que demandó al gobierno federal por los costos de vigilar las protestas contra el oleoducto Dakota Access (DAPL), y obtuvo un acuerdo de $28 millones.

Estas son algunas otras afirmaciones inexactas de la medida:

Afirmación: La corporación de financiamiento municipal puede convertirse en banco público una vez que «solicit[e] todas las aprobaciones regulatorias necesarias».
Veredicto: La FDIC lo impide.
Realidad: La ley estatal exige que un banco público obtenga el seguro de depósitos de la FDIC, y ningún banco de propiedad gubernamental en EE.UU. lo tiene. El Banco de Dakota del Norte no es miembro de la FDIC; sus depósitos los garantizan, en cambio, los contribuyentes del estado. La FDIC le ha dicho a Samoa Americana que no asegurará su banco territorial a menos que el gobierno lo venda. Un banco propiedad de la Ciudad de San Francisco recibiría la misma respuesta.

Afirmación: «Las instituciones financieras existentes históricamente no han logrado [...] ofrecer productos crediticios adecuados para atender las necesidades de financiamiento insatisfechas de la vivienda asequible.»
Veredicto: Engañosa.
Realidad: Los bancos son el principal financiador privado de la vivienda subsidiada, ya que aportan cerca del 80% del capital de los créditos fiscales para vivienda de bajos ingresos a nivel nacional. Lo hacen en gran medida porque la Ley de Reinversión Comunitaria (CRA, por sus siglas en inglés) los impulsa a invertir donde captan depósitos, y por eso los bancos motivados por la CRA elevan los precios de los créditos en las grandes ciudades y dejan «desiertos de la CRA» en las zonas rurales. San Francisco no es ningún desierto. Lo que frena los proyectos aquí es la falta de subsidios, no de prestamistas: el Departamento de Planificación de San Francisco calcula un rezago de más de $1,000 millones en financiamiento para cubrir brechas en proyectos asequibles ya aprobados, y este año un proyecto de 199 viviendas para personas mayores en el Outer Sunset quedó en pausa por falta de ese financiamiento complementario, no por falta de un préstamo. Un banco público otorga préstamos que hay que devolver; no puede cubrir un déficit de subsidios. El subsidio es precisamente lo que aporta la Propuesta C.

Afirmación: Los depósitos de la Ciudad le darían al banco dinero para prestar.
Veredicto: Falsa.
Realidad: California exige que los bancos que guardan depósitos gubernamentales aporten garantías equivalentes al 110% de cada dólar depositado. Los depósitos de la Ciudad no liberarían capital para prestar, sino que lo consumirían. Incluso el asesor legal del Public Banking Institute califica las normas sobre garantías como «realmente letales».

Afirmación: «La banca pública tiene una larga historia de éxito en el apoyo al desarrollo económico equitativo, tanto a nivel internacional como nacional»
Veredicto: Falsa.
Realidad: El estudio más citado sobre el tema, Government Ownership of Banks, de La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, concluyó lo contrario: la propiedad gubernamental de los bancos se asociaba con un desarrollo financiero más lento y un crecimiento más lento del ingreso per cápita. En EE.UU. solo hay dos bancos públicos: el de Dakota del Norte, abierto en 1919, y el de Samoa Americana, abierto en 2016.

Afirmación: «una cuarta parte de los activos del mundo [están] actualmente en manos de bancos públicos»
Veredicto: Falsa.
Realidad: La cifra real se acerca más al 10%, o a menos del 5% si se excluyen los bancos estatales del Partido Comunista Chino. La afirmación de «una cuarta parte» proviene de una investigación académica que contabiliza unos 900 bancos públicos con activos de poco menos de $49 billones (es decir, $49 millones de millones), la misma cifra que promueve el Public Banking Institute. Eso equivale a casi una cuarta parte de los activos bancarios del mundo, lo cual deja fuera, cabe señalar, activos como terrenos, edificios, maquinaria, infraestructura, empresas, etc. El Consejo de Estabilidad Financiera calculó $256.8 billones en activos financieros no bancarios en 2024, lo que equivale al 51% de todos los activos financieros del mundo; con eso, los bancos públicos representarían más bien una décima parte de los activos financieros globales. Los cuatro bancos más grandes del mundo son todos prestamistas estatales chinos: Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank y Bank of China. Entre los cuatro suman unos $25.5 billones, aproximadamente la mitad de los $49 billones que tienen los bancos públicos en todo el mundo. La cifra no demuestra nada sobre la banca municipal de reinversión comunitaria. Es, sobre todo, un dato sobre el sistema bancario estatal del Partido Comunista Chino.

Y después de todos estos errores, recuerde lo que la Propuesta B aporta en realidad para crear un banco: nada. Su propio texto reconoce que la corporación «no puede establecerse a menos que la Ciudad obtenga la capitalización requerida», y el impuesto que habría aportado el dinero se retiró en marzo. San Francisco enfrenta un déficit de $643M para dos años, y la Contraloría calcula que la corporación y el banco costarían entre $310M y $460M a lo largo de ocho años. Pongamos primero en orden nuestras propias finanzas antes de intentar manejar un banco. Vote NO a la Propuesta B.

¿Qué es?

La Propuesta C aumentará la inversión de la Ciudad en su Fondo Fiduciario para la Vivienda (HTF, por sus siglas en inglés), que financia la construcción, conservación y compra de viviendas a precio inferior al de mercado, así como infraestructura y cierta ayuda para el pago inicial. Los electores crearon originalmente el fondo en 2012.

Hoy, la Ciudad aporta $50.8M al Fondo Fiduciario para la Vivienda cada año. Esta medida aumentaría esa aportación anual a partir del ejercicio fiscal (EF) 2028-2029 hasta que llegue a $125M al año, al ritmo del crecimiento de los ingresos del Fondo General o del valor de las propiedades, el que suba más rápido. Una vez que la asignación anual llegue a $125M, el crecimiento de la aportación queda limitado al 3% al año.

La Junta de Supervisores puede congelar las aportaciones cuando la Ciudad proyecte un déficit superior a $250M, y reducirlas hasta en un 10% en un año en que la Ciudad recurra a su Reserva para Imprevistos.

La medida también eleva el límite de ingresos para los préstamos de ayuda para el pago inicial del 120% al 200% del Ingreso Medio del Área (AMI, por sus siglas en inglés) y elimina el tope de gasto vigente para la infraestructura relacionada con la vivienda.

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¿Por qué votar SÍ?

Hoy, San Francisco paga las viviendas subsidiadas para personas de bajos ingresos (a las que a menudo se llama, de forma engañosa, «viviendas asequibles») con un impuesto a la construcción de viviendas nuevas. Ese impuesto se llama vivienda inclusiva (inclusionary housing): las constructoras deben alquilar o vender por debajo del precio de mercado una parte de las viviendas de cada edificio nuevo, o bien pagar una tarifa, y esa pérdida sale del proyecto igual que saldría un impuesto. Una nueva investigación de UC Irvine encontró que estos esquemas tributarios reducen la construcción de viviendas nuevas en casi un tercio. Y como las viviendas subsidiadas para personas de bajos ingresos solo se construyen cuando se construyen también los proyectos a precio de mercado que las rodean, el impuesto frena ambos tipos.

El esquema tributario actual encarece el alquiler para todos. Si se suman los alquileres más altos que todos pagan por esa vivienda que se deja de construir, cada vivienda subsidiada para personas de bajos ingresos que produce esta política les cuesta a los inquilinos unos $800,000. Construirla directamente, sin este impuesto, solo cuesta unos $441,000.

En mayo de 2026, la supervisora Melgar y el alcalde Lurie llegaron a un acuerdo con las organizaciones sin fines de lucro que construyen vivienda para personas de bajos ingresos: estas dejarían de oponerse a una reducción del impuesto y, a cambio, la Ciudad haría crecer el Fondo Fiduciario para la Vivienda. La Junta cumplió con la primera mitad el 14 de julio de 2026, cuando redujo el impuesto del 15% al 5%. La Propuesta C es la segunda mitad.

Creemos que es un buen acuerdo, y la Propuesta C es la forma en que los electores cumplen con la parte que le toca a la Ciudad. El impuesto más bajo es lo que abarata la construcción de todo tipo de vivienda, lo cual presiona los alquileres a la baja en toda la ciudad. El fondo más grande reemplaza el subsidio que el impuesto antes les sacaba a las constructoras, y lo hace de la manera más barata: pagando las viviendas directamente en lugar de hacerlo a costa de la vivienda que se deja de construir. En sentido estricto, la reducción ya es ley y no depende de la Propuesta C. Pero las organizaciones sin fines de lucro dejaron de oponerse porque contaban con este fondo, y si los electores lo rechazan, la pelea por la tasa vuelve a empezar.

Por lo general nos oponemos a las asignaciones obligatorias de gasto, pero esta está bien diseñada: el crecimiento se limita al 3% al año una vez que el fondo llega a $125M, y la Junta puede congelar o recortar las aportaciones en los años de presupuesto difícil.

¿Qué es?

La Propuesta D busca reducir la cantidad de medidas locales que se someten al voto de los sanfranciscanos. Para ello:

• Eleva el umbral de firmas para las iniciativas de ordenanza ciudadanas (leyes nuevas que llegan a la boleta mediante una recolección de firmas en lugar de pasar por la Junta de Supervisores) del 2% al 8% de los electores inscritos, es decir, unas 42,500 firmas en lugar de 10,600, una cifra que sigue por debajo del 10% que exigen Oakland y San Diego
• Hace más difícil forzar una elección especial. Normalmente, una iniciativa espera a las siguientes elecciones programadas, pero si reúne suficientes firmas, sus promotores pueden exigir una elección aparte, que le cuesta a la Ciudad al menos $5 millones. El requisito se mantiene en el 10%, pero la Propuesta D lo calcula sobre los electores inscritos y no sobre los votos emitidos para la Alcaldía, de modo que el umbral sube de unas 39,000 firmas a unas 53,100.
• Elimina la facultad del alcalde de incorporar de manera unilateral una medida a la boleta
• Exige una mayoría de la Junta, seis supervisores en lugar de cuatro, para incorporar una medida a la boleta

Hoy en día, una iniciativa ciudadana no se puede retirar de la boleta una vez presentadas sus firmas, aunque sus promotores hayan cambiado de opinión. La Propuesta D permite que todos los proponentes de una medida, en conjunto, la retiren hasta 102 días antes de las elecciones. California les dio una opción similar a los proponentes de medidas estatales en 2014.

Comparación con otras ciudades

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¿Por qué votar SÍ?

San Francisco se ve obligado a votar sobre demasiadas medidas electorales. Este año tenemos 10; en 2024 y en 2022 tuvimos 15, ¡y en 2016 votamos sobre 24!

Mientras tanto, Oakland votó sobre apenas tres en 2024.

El problema es que San Francisco exige la menor cantidad de firmas del estado para incorporar una medida a la boleta: apenas el 2% de los electores. En las ciudades comparables, el requisito va del 5% al 10%. Como es tan fácil impulsar una medida electoral, la boleta se ha convertido en una vía sencilla para que un pequeño grupo de intereses particulares imponga una ley que nuestra Junta de Supervisores electa nunca podrá modificar. Las leyes que no son fáciles de corregir no deberían ser tan fáciles de aprobar.

Además de acortar la boleta, nos gusta que ponga fin a la posibilidad de que una minoría de supervisores incorpore una medida directamente a la boleta, así como a la facultad del alcalde de hacerlo de manera unilateral. Así se acabará la práctica de usar la boleta como plan B para aprobar malas leyes. ¡A partir de ahora, nuestros líderes electos realmente necesitarán una mayoría para aprobar leyes nuevas!

Vote SÍ a la Propuesta D para acortar su boleta.

¿Qué es?

La Propuesta E cambia las normas de contratación de la Ciudad y el papel que en ellas desempeña el administrador municipal. Centralizaría la autoridad sobre las adquisiciones en el administrador municipal, a quien designa el alcalde y confirma la Junta de Supervisores.

Las normas de adquisición regulan cómo la Ciudad compra bienes y servicios, contrata obras públicas y otorga subvenciones, pero no se aplican a los convenios sindicales, los acuerdos de desarrollo ni las operaciones inmobiliarias.

Varios de los cambios consolidan leyes ya vigentes, pero algunos modificarían la forma en que se toman las decisiones de contratación:

• El administrador municipal pasaría a ser el único funcionario que puede presentar la mayoría de las ordenanzas sobre compras. La Junta de Supervisores (por mayoría de votos) o el alcalde (mediante aviso por escrito) podrían rechazar una ordenanza propuesta en un plazo de 60 días; de lo contrario, se convierte en ley automáticamente. La Junta no podría enmendarla ni anular el rechazo del alcalde
• La Junta de Supervisores tendrá menos participación: solo los contratos de ingresos y los arrendamientos de $4.5M o más (antes, $1M) y los contratos de gasto de $25M o más (antes, $10M) necesitarían la aprobación de la Junta. (Estos montos se ajustarán según la inflación a partir de 2032)
• Las compras de la Agencia Municipal de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), la Comisión de Servicios Públicos (PUC, por sus siglas en inglés), el Aeropuerto, el Puerto y los departamentos de fideicomiso benéfico de la Ciudad quedarían sujetas a los estándares que fije el administrador municipal
• El mandato del administrador municipal pasaría de cinco a diez años

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¿Por qué votar SÍ?

Las enredadas normas de compras de San Francisco nos dieron el baño público de $1.7M: existía un modelo prefabricado más barato, pero una norma de la Ciudad prohibía comprarlo en Nevada. Esa norma, que impedía contratar con empresas de 30 estados, obligó a los departamentos de la Ciudad a tramitar 538 exenciones en un solo año, y pasaron siete años antes de que la Junta reconociera el fracaso y la derogara. Mientras tanto, comprar cualquier cosa a través del Ayuntamiento todavía implica unos $25,000 en trámites, de seis a doce meses de espera y la intervención de hasta 14 departamentos, con normas dispersas en más de 100 secciones del código. Nadie está a cargo de las normas, así que nadie puede corregirlas.

La Propuesta E pone a una sola persona a cargo: el administrador municipal redactará un único reglamento de compras, todos los departamentos deberán seguirlo, y tanto la Junta de Supervisores como el alcalde podrán rechazar las normas que sean malas.

Una ley de 2024 que simplificó las compras para proyectos pequeños demuestra que mejores normas dan mejores resultados. El Departamento de Recreación y Parques afirma que el nuevo método reduce el plazo para terminar un área de juegos infantiles de varios años a entre 12 y 18 meses. Su primer proyecto, el área de juegos de Bernal Heights (Bernal Heights Playground), se renovó por $1.3M.

Vote SÍ a la Propuesta E.

¿Qué es?

La Propuesta F le da al alcalde un control más directo sobre el gobierno de la Ciudad, aunque permite que la Junta de Supervisores bloquee algunos de los cambios. Introduce tres cambios importantes.

1. El alcalde podría reorganizar la mayoría de los departamentos de la Ciudad. Hoy en día, muchos departamentos y sus funciones están establecidos en la Carta Municipal, por lo que trasladarlos o fusionarlos requiere una votación en toda la ciudad. La Propuesta F permitiría al alcalde transferir funciones entre departamentos o fusionar departamentos enteros. Una reorganización entra en vigor a menos que la Junta de Supervisores vote para bloquearla en un plazo de 30 días, o de 60 días si se necesita una ordenanza para llevarla a cabo. Las funciones establecidas en la Carta Municipal podrían pasar a otro departamento, pero no podrían eliminarse. Algunos departamentos quedan excluidos: la Contraloría, el Administrador Municipal, la Junta de Apelaciones, el Puerto, el Aeropuerto, el Museo de Arte Asiático y los Museos de Bellas Artes, y los órganos de supervisión de la policía y del alguacil.

2. El alcalde podría contratar y destituir directamente a más titulares de departamento. Hoy en día, en la mayoría de los departamentos, una comisión no electa le presenta al alcalde una lista de al menos tres candidatos para dirigir el departamento, y la comisión puede destituir a quien obtenga el puesto. (El jefe de policía es una excepción parcial: la Comisión de Policía elabora la lista, pero el alcalde ya puede destituir al jefe sin ella). La Propuesta F le da al alcalde la facultad directa de contratar y destituir a los titulares de Planificación, Inspección de Edificios, Obras Públicas, Personas sin Hogar y Vivienda con Servicios de Apoyo, Pequeñas Empresas y Entretenimiento. En la mayoría de los demás departamentos, la comisión seguiría proponiendo candidatos, aunque su lista podría reducirse a un solo nombre, y sería el alcalde, y no la comisión, quien podría destituir al titular del departamento. La Agencia Municipal de Transporte y la Comisión de Servicios Públicos seguirían ese mismo modelo, y además el alcalde aprobaría el contrato del titular del departamento y fijaría su salario.

3. La mayoría de los comisionados podrían ser removidos por quien los designó. Hoy en día, para remover a un comisionado de la mayoría de las comisiones importantes se necesitan cargos por escrito, una audiencia ante la Comisión de Ética y el voto de tres cuartas partes de la Junta de Supervisores. Con la Propuesta F, la mayoría de los comisionados ejercerían su cargo a discreción de quien los designó: el alcalde podría remover a los comisionados que designó, y la Junta a los suyos. La Junta de Apelaciones, la Comisión de Servicio Civil y la Comisión de Ética mantienen el proceso actual.

La Propuesta F también elimina una prohibición de la década de 1990 que le impide al alcalde contratar «subalcaldes» (cargos similares a jefes de despacho o miembros del gabinete) para supervisar grupos de departamentos.

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¿Por qué votar SÍ?

Cuando un departamento de la Ciudad falla, usted espera que el alcalde lo corrija. Sin embargo, el alcalde Lurie afirma que solo puede contratar y destituir al 6% de los titulares de departamento de la Ciudad, y que reemplazar a uno que no da resultados puede tardar de seis a doce meses. La mayoría de los demás responden ante comisiones no electas, que eligen a los candidatos y deciden quién conserva el puesto. El alcalde que usted eligió solo puede hacer una recomendación.

La Propuesta F cierra esa brecha. El alcalde elegiría a los titulares de departamento, reorganizaría los departamentos que no funcionan y le rendiría cuentas a usted por los resultados. Como lo expresó Ed Harrington, asesor de SPUR y excontralor de la Ciudad, «si se quiere que el alcalde asuma la responsabilidad, hay que darle autoridad para tomar decisiones».

Los contrapesos son reales. La Junta de Supervisores todavía puede bloquear cualquier reorganización y, en materia de rendición de cuentas policial, la medida va en sentido contrario: la designación del director del Departamento de Responsabilidad Policial pasa del alcalde a la Comisión de Policía. Es cierto que esta es la medida del propio alcalde Lurie y que le da más poder a su oficina. También le da a usted a alguien a quien exigirle cuentas.

Vote SÍ a la Propuesta F.

¿Qué es?

La Propuesta G cerraría el parque Sunset Dunes y reabriría a los automóviles la Gran Autopista Superior (Upper Great Highway) durante la mayor parte de la semana. Restablece una versión del arreglo de fines de semana que estuvo vigente de 2022 a 2024: la vía estará cerrada a los vehículos particulares desde el viernes a las 6:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m., y los días festivos.

Para reabrir la vía a los automóviles se necesitaría un permiso de desarrollo costero de la Comisión Costera de California, y posiblemente otras autorizaciones.

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¿Por qué votar NO?

San Francisco ha votado sobre esto dos veces. En 2022, rechazamos una medida para mantener los automóviles en la Great Highway, por 65% a 35%. En 2024, aprobamos la Propuesta K, por 55% a 45%, y construimos Sunset Dunes. El parque es un éxito: 1.7 millones de visitas en su primer año, más de la mitad de ellas entre semana (justamente los días que la Propuesta G les devolvería a los automóviles).

La Propuesta G le pide a toda la ciudad que vote sobre la misma cuestión por tercera vez, y no sería la última. Fija por ley un horario para los días de semana y los fines de semana que solo los electores pueden cambiar: la Junta de Supervisores podría enmendar detalles técnicos con ocho votos, pero no podría adelantar el cierre de los viernes al mediodía, como lo establecía el antiguo arreglo. Un horario así debería poder ajustarlo la Junta a medida que cambien las condiciones. En cambio, cada ajuste implicaría otra elección en toda la ciudad. Para incorporar la Propuesta G a la boleta bastaron unas 10,600 firmas, el 2% de los electores inscritos. La Propuesta D elevaría ese umbral al 8%, para que un pequeño grupo no pueda seguir poniendo en su boleta una cuestión ya resuelta.

Vote NO a la Propuesta G. Pasemos la página.

¿Qué es?

La Propuesta H crearía un nuevo impuesto anual sobre la mayoría de los inmuebles de San Francisco para financiar Muni, con una vigencia de 15 años, desde julio de 2027 hasta junio de 2042. El impuesto se calcula según los pies cuadrados de superficie construida y no según el valor del inmueble, y a partir del segundo año se ajusta en función de la inflación.

Los considerandos de la medida señalan que la SFMTA tendrá un déficit de más de $300M al año una vez que se agoten los fondos de ayuda de la pandemia.

Cuánto pagaría cada tipo de inmueble

• Viviendas unifamiliares
  • $0 si usted tiene 65 años o más y vive en la vivienda de la que es propietario; para todos los demás...
  • $129 hasta 3,000 pies cuadrados
  • $0.42 por pie cuadrado entre 3,000 y 5,000 pies cuadrados
  • $1.99 por pie cuadrado por encima de esa cifra, sin tope
• Edificios multifamiliares
  • $0 si usted tiene 65 años o más y vive en una unidad de su propiedad de menos de 5,000 pies cuadrados; para todos los demás...
  • $249 hasta 5,000 pies cuadrados
  • $0.195 por pie cuadrado por encima de esa cifra, con un tope de $50,000
• Inmuebles no residenciales
  • $799 hasta 5,000 pies cuadrados
  • $0.76 por pie cuadrado entre 5,000 y 50,000 pies cuadrados
  • $0.84 por pie cuadrado entre 50,000 y 250,000 pies cuadrados
  • $0.99 por pie cuadrado por encima de 250,000 pies cuadrados, con un tope de $400,000
• Uso mixto
  • $799 hasta 5,000 pies cuadrados; por encima de esa superficie, la parte residencial y la parte comercial tributan por separado y se suman, con un tope de $400,000
• Terrenos sin edificar:
  • $0 si miden 2,000 pies cuadrados o menos
  • $392 si miden 2,001 pies cuadrados o más

Como las tasas comerciales y multifamiliares tienen tope, los edificios más grandes de esas categorías pagan la tasa más baja por pie cuadrado. Un edificio comercial de 449,000 pies cuadrados alcanza el tope de $400,000 con unos $0.89 por pie cuadrado, mientras que una torre de 1.4M de pies cuadrados paga esos mismos $400,000, es decir, unos $0.29 por pie cuadrado. Las viviendas unifamiliares son la excepción: esa tasa no tiene tope, de modo que las casas más grandes pagan la tasa más alta de toda la medida.

Las parcelas que no pagan impuesto sobre la propiedad quedan exentas. Los propietarios de 65 años o más que viven en su propia vivienda no pagan nada en una parcela unifamiliar y reciben una reducción de $249 por unidad en un edificio multifamiliar, y la superficie de las habitaciones individuales (SRO) se excluye por completo del cálculo. Ambas exenciones deben solicitarse ante la SFMTA.

Los arrendadores de unidades sujetas a control de renta pueden trasladar a sus inquilinos hasta la mitad del impuesto, con un máximo de $65 por unidad al año, aunque no en las unidades cuya superficie está exenta ni en los contratos de arrendamiento que comiencen el 1 de junio de 2027 o después.

Descontados los costos de recaudación, todos los ingresos se destinan a la SFMTA para las operaciones de transporte, sujetos a la asignación presupuestaria anual, y un grupo ciudadano debe revisar el gasto al menos cada dos años. La Junta de Supervisores puede modificar o derogar el impuesto por mayoría de votos sin volver a consultar al electorado, aunque no puede aumentarlo ni prorrogarlo sin su aprobación. Nada en la medida obliga a la Ciudad a mantener en su nivel actual el apoyo que hoy da a Muni desde el Fondo General.

Lea el texto legal completo y anotado →

¿Por qué votar SÍ?

A Muni se le está acabando el dinero. Los fondos de ayuda de la pandemia ya se agotaron, y la SFMTA proyecta un déficit de $307M el próximo año, que llegaría a $434M en cinco años. La agencia afirma que, sin dinero nuevo, eliminaría hasta 20 rutas, alargaría las esperas en las demás y terminaría el servicio regular a las 9 p.m.

Muni ha hecho su parte. Desde 2020, la SFMTA ha recortado $246M en costos, sobre todo al eliminar más de 500 puestos vacantes, y su nuevo presupuesto bienal suprime otros 89 y reduce $20M en gastos no laborales. También recortó parte del servicio en el verano de 2025 para ayudar a cerrar un hueco de $50M. Aun así, el presupuesto equilibrado depende de un préstamo estatal de $200M que solo sirve para ganar tiempo.

Somos escépticos ante ese relato de colapso. El Ayuntamiento jamás dejaría que Muni recortara un tercio de su servicio; cubriría el hueco discretamente con dinero de un Fondo General que, según proyecta la Contraloría, tendrá un déficit de $741.7M en el EF 2028-29, y los recortes caerían en cambio sobre los parques, la limpieza de las calles y todo lo demás. Lo que en realidad hace la Propuesta H es recaudar ingresos nuevos para que el Ayuntamiento pueda evitar esa pelea presupuestaria. Nos parece bien, pero quisiéramos que los legisladores lo dijeran con franqueza. La verdadera decisión es si Muni obtiene su propia fuente de financiamiento o si su déficit se come, sin que nadie lo note, el resto del presupuesto.

Financiar Muni directamente es la mejor opción, y el precio es razonable: la mayoría de los propietarios pagaría $129 al año, y un inquilino con control de renta pagaría como máximo $65 al año.

No nos convence la exención para personas mayores. Los propietarios de 65 años o más no pagan absolutamente nada, y son el mismo grupo que ya paga los impuestos sobre la propiedad más bajos de la ciudad, porque la Propuesta 13 congeló el valor tasado de sus viviendas hace décadas. Los inquilinos, las familias jóvenes y quienes compraron vivienda hace poco, que son quienes ya cargan con las facturas de impuestos más altas, financiarán los autobuses mientras los contribuyentes más protegidos de California vuelven a quedar exentos. Eso está al revés.

El impuesto está diseñado para rendir cuentas: vence en 2042, debe realizarse una revisión independiente de eficiencia a más tardar en abril de 2028, y la Junta de Supervisores puede modificarlo o derogarlo por mayoría de votos si la SFMTA desperdicia el dinero. La Propuesta H cubre aproximadamente la mitad del déficit de Muni, y la Medida Regional de Transporte Público cubre la mayor parte del resto.

Vote SÍ a la Propuesta H.

¿Qué es?

San Francisco cobra un impuesto sobre la transferencia cada vez que un inmueble cambia de dueño. La tasa sube según el precio: las ventas de $10M o más pagan el 5.5%, y las de $25M o más pagan el 6%, la segunda tasa más alta del estado después de la de Los Ángeles. La Propuesta I mantiene esas tasas y cambia el destino del dinero. Hoy todo el impuesto va al Fondo General de la Ciudad, la cuenta que la Junta de Supervisores presupuesta cada año para todo, desde los parques hasta la policía. La Propuesta I dividiría a la mitad el impuesto sobre las ventas de $10M o más: una mitad seguiría yendo al Fondo General y la otra se convertiría en un impuesto aparte que solo podría gastarse en vivienda subsidiada y en la prevención de la falta de vivienda. Las ventas de menos de $10M no cambian.

También impediría que la Junta de Supervisores redujera el impuesto sin una votación del electorado.

Los edificios nuevos de 4 viviendas o más que se vendan dentro de los 5 años posteriores a su construcción quedarían exentos de la mitad del impuesto en esa primera venta. Es un recorte de impuestos modesto para los desarrolladores.

Cómo se gastaría el dinero restringido

• Al menos el 60% se destinaría a construir nueva vivienda subsidiada, con la mitad de esa cantidad reservada para proyectos de «vivienda social», en los que los residentes participan en la gestión y, cuando sea factible, en la propiedad, mediante estructuras como los fideicomisos comunitarios de tierras y las cooperativas de capital limitado, que fijan un tope al valor de reventa
• Al menos el 25% se destinaría a la preservación: la mayor parte, a comprar edificios con control de renta y hoteles de habitaciones individuales (SRO), y el resto, a rehabilitar vivienda subsidiada existente
• Al menos el 10% se destinaría a la defensa legal contra desalojos y a la asistencia de emergencia para el pago del alquiler
• Hasta el 5% podría usarse para gastos administrativos; los reembolsos se pagan por separado y no cuentan dentro de ese límite

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¿Por qué votar NO?

La Propuesta I retiraría $120M al año del Fondo General de la Ciudad (la cuenta que paga la mayoría de los servicios municipales) para dedicarlos a una lista reducida de programas de vivienda preferidos. La Ciudad ya proyecta un déficit de $741.7M, así que cada dólar desviado es un recorte a los parques, a la limpieza de las calles o a la seguridad pública. Sería el 24.º requisito de gasto por mandato electoral de la Ciudad.

La Propuesta I también blinda el impuesto sobre la transferencia de San Francisco (¡el segundo más alto del estado!). Hoy la Junta de Supervisores puede reducirlo mediante una ordenanza. Con la Propuesta I, solo el electorado podría hacerlo, y la medida incluso anula cualquier recorte que la Junta apruebe antes de que la Propuesta I entre en vigor. Cuando Los Ángeles gravó de esta forma las ventas de inmuebles grandes, las ventas cayeron un 38%, y la pérdida de impuestos sobre la propiedad contrarrestó buena parte de lo recaudado. Las tasas en cuestión tienen apenas seis años: en noviembre de 2020, el electorado aprobó una medida redactada por el exsupervisor Dean Preston que duplicó el impuesto sobre la transferencia en las ventas de $10M o más, del 2.75% al 5.5% y del 3% al 6%. Preston ha promovido esta medida, que dejaría esas tasas fuera del alcance de la Junta.

Apoyamos que haya dinero de verdad para la vivienda subsidiada. Por eso respaldamos la Propuesta C, que aumenta el Fondo Fiduciario para la Vivienda a $125M al año y permite que la Junta suspenda las aportaciones en los años de presupuesto difícil.

Vote NO a la Propuesta I.

¿Qué es?

La Propuesta J eliminaría la exención del impuesto sobre la transferencia para las ejecuciones hipotecarias, salvo en los edificios residenciales pequeños.

Actualmente, San Francisco cobra un impuesto sobre la transferencia cada vez que un inmueble cambia de dueño. La tasa depende del valor y se aplica sobre la totalidad de este: llega al 5.5% entre $10M y $25M, y al 6% a partir de $25M. Desde que se creó el impuesto local sobre la transferencia en 1967, las ejecuciones hipotecarias siempre han estado exentas. Esa exención tiene como tope la cantidad que todavía se debe del préstamo.

Veamos un ejemplo sencillo: un edificio de oficinas que valía $20M, con un préstamo de $15M, hoy vale solo $10M. Si un inversionista le compra al banco el préstamo de $15M por $6M y luego ejecuta la hipoteca o recibe el edificio en dación en pago (es decir, el dueño se lo entrega para evitar la ejecución), el edificio cambia de manos sin pagar impuesto alguno. La exención se redactó para proteger a un acreedor que asume una pérdida, no para regalarle un edificio libre de impuestos a un nuevo dueño.

Con la Propuesta J, esa misma transferencia tributaría como cualquier otra venta. Un edificio de $10M cae en el tramo del 5.5%, así que el inversionista debería $550,000 en impuesto sobre la transferencia, además de los $6M que pagó por el préstamo. En la práctica, sin embargo, el inversionista probablemente ofrecería menos por el préstamo para cubrir el impuesto, de modo que buena parte del costo recaería sobre el banco, que ya está perdiendo $9M.

Qué cambiaría

A partir de las transferencias realizadas el 1 de marzo de 2027, la exención solo cubriría los edificios residenciales pequeños. Cualquier otra ejecución hipotecaria o dación en pago pagaría el impuesto, y la cuantía se calcularía según lo que vale el inmueble y no según el precio que figura en los papeles. En estas operaciones, el precio en papel es el saldo pendiente del préstamo, que puede estar muy por encima o muy por debajo del verdadero valor justo de mercado del edificio.

La medida también abarca las ejecuciones sobre la empresa dueña de un edificio, no solo sobre las escrituras. Algunos préstamos no tienen como garantía el edificio en sí, sino la participación del dueño en la sociedad de responsabilidad limitada (LLC, por sus siglas en inglés) que es propietaria del edificio. Al ejecutar esa participación, el acreedor se queda con el edificio sin que se registre ninguna escritura, así que la medida también grava esas transferencias.

Además, la medida eleva el límite de gastos de la Ciudad durante cuatro años en la cantidad que se recaude por este impuesto, una cláusula habitual que permite a la Ciudad gastar esos ingresos dentro del límite estatal conocido como límite de Gann.

Qué seguiría exento

Los edificios residenciales pequeños conservan la exención. Los inmuebles residenciales que califican son: viviendas unifamiliares, condominios, unidades en cooperativas, unidades individuales de vivienda y trabajo (live/work), edificios de cuatro viviendas o menos, y edificios de uso mixto con cuatro viviendas o menos y una sola planta de espacio no residencial. Una sola unidad destinada a viajeros u otros huéspedes de corta estancia descalifica todo el edificio. Todos los demás inmuebles pierden la exención, incluidas las oficinas, los locales comerciales, los hoteles y los edificios de apartamentos de cinco viviendas o más.

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¿Por qué votar SÍ?

Cuando usted vende su condominio, San Francisco cobra impuesto sobre el precio de venta completo, haya ganado o perdido dinero. Cuando Madison Capital compró por $238M el préstamo en impago de la torre de 34 pisos en 45 Fremont este año y se quedó con el edificio, no pagó impuesto sobre la transferencia. Con la Propuesta J habría tenido que pagar el 6% de lo que vale el edificio, unos $14M según el precio que pagó.

La exención se redactó en 1967 pensando en un banco que termina con un edificio que nunca quiso, y durante décadas se aplicó sobre todo a viviendas. Luego los inversionistas aprendieron a comprar el préstamo en lugar del edificio, y la oficina del tasador contabiliza ahora $450M en exenciones por ejecución hipotecaria reclamadas en los últimos tres años, frente a $50M en los quince años anteriores. El impuesto que se ahorran es el mismo que paga cualquier comprador común, y las viviendas y los edificios pequeños conservan la exención de todos modos.

La Asociación de Contribuyentes de San Francisco sostiene que la Propuesta J haría que prestar aquí fuera «mucho más riesgoso y costoso que en cualquier otro lugar del estado», y nosotros planteamos esa misma preocupación en junio. Sin embargo, un acreedor solo paga cuando un préstamo ya fracasó y el edificio cambia de manos, lo que supone un pequeño costo adicional sobre una pérdida que de todos modos está asumiendo, así que la prima equivale al impuesto multiplicado por la probabilidad de que eso ocurra. Según nuestra estimación para el peor de los casos, que aparece más arriba en «Impactos fiscales», la Propuesta J añade unos 0.14 puntos al año a un préstamo de $100M para oficinas que incluye unos 2 puntos de prima de riesgo, y menos en la práctica, ya que el impuesto se calcula sobre lo que valga el edificio en ese momento y no sobre el préstamo.

Nueva York y Florida llevan décadas gravando las ejecuciones hipotecarias y las daciones en pago, sobre la totalidad de la deuda pendiente y no sobre lo que vale el edificio, y los bancos siguen prestando allí. Pero esas normas son estatales, de modo que ninguna ciudad de esos estados pierde un préstamo frente al pueblo vecino. California exime las ejecuciones hipotecarias en todo el estado, y San Francisco sería la única ciudad importante del estado que las grava, a menos que Oakland apruebe la misma corrección este noviembre.

La Propuesta J nació como la mitad de un plan. El alcalde Lurie y el supervisor Mahmood querían reducir aproximadamente a la mitad el impuesto sobre la transferencia en las ventas grandes para que se construyan las viviendas que están estancadas, y la Propuesta J era la fuente de ingresos para pagarlo. Queremos ese recorte, y la Junta puede aprobarlo mediante una ordenanza. Creemos que, si se aprueba la Propuesta J, el impuesto sobre la transferencia se reducirá en la próxima sesión de la Junta de Supervisores. Para que ese acuerdo se concrete, la Propuesta J debe aprobarse y la Propuesta I debe fracasar, porque la Propuesta I le quitaría a la Junta la facultad de modificar el impuesto.

¿Qué es?

La medida RTM, conocida como la Iniciativa de Transporte Público Conectemos el Área de la Bahía (Connect Bay Area Transit Initiative), es un impuesto sobre las ventas para mantener en funcionamiento los sistemas de transporte público del Área de la Bahía. Cobraría un 1% en San Francisco y un 0.5% en los condados de Alameda, Contra Costa, San Mateo y Santa Clara. En San Francisco, eso significa $1 adicional por cada $100 de compras sujetas al impuesto, lo que elevaría el impuesto sobre las ventas del 8.625% al 9.625%. La medida atribuye la tasa más alta a «la mayor necesidad de fondos para el transporte público en la Ciudad y Condado de San Francisco». El impuesto estaría vigente durante 14 años, del 1 de abril de 2027 al 1 de abril de 2041, y recaudaría unos $980M al año entre los cinco condados.

A San Francisco le corresponderían unos $230M al año, y todo ese dinero se queda aquí: unos $144M para Muni, $67M para BART, $9M para Caltrain y el resto para el ferri, Golden Gate Transit, descuentos para pasajeros, accesibilidad y señalización. San Francisco es el único condado cuyo dinero no se puede destinar a pavimentar calles.

Los cinco condados votan como un solo electorado: los resultados se suman en un único recuento y la medida se aprueba con mayoría simple, de modo que San Francisco no puede aprobarla ni rechazarla por sí solo. Si no se aprueba, Muni se queda sin sus $144M, y BART, que no cuenta con el respaldo del presupuesto de ningún condado, enfrenta un déficit de $378M el próximo año y afirma que recortaría un 63% de las horas de servicio de sus trenes a partir de enero de 2027.

Adónde va el dinero

No existe un reparto único del dinero: la medida asigna por separado lo que se recauda en cada condado, y los porcentajes varían de un condado a otro. Así se asignaría el dinero recaudado en San Francisco:

• 62.87% para Muni, 29.14% para BART y 3.97% para Caltrain, para gastos de operación
• 1.40% para programas de tarifas, incluidos transbordos gratuitos y a precio reducido y la ampliación de Clipper START
• 0.97% para el ferri de la bahía de San Francisco (SF Bay Ferry) y 0.40% para Golden Gate Transit
• 0.56% para accesibilidad y 0.56% para cartografía, señalización y prioridad para el transporte público
• 0.13% para la Comisión Metropolitana de Transporte (MTC, por sus siglas en inglés), para administrar el impuesto

En los otros cuatro condados, una parte se destina a la agencia de transporte del condado, que puede usarla tanto para repavimentar calles como para el transporte público.

Así se asignaría lo recaudado en cada condado:

Los porcentajes se aplican a lo recaudado dentro de cada condado, por lo que no son comparables como cantidades en dólares.

Esta es la misma tabla, pero con cantidades estimadas en dólares:

Estimación para el primer año completo (AF 2028). Cálculo de GrowSF que aplica los porcentajes de asignación de la Sección 12 de la ordenanza a los ingresos de cada condado que se desprenden de las proyecciones por agencia publicadas por la MTC.

Administración y supervisión

La junta directiva del distrito, que es la misma que rige la Comisión Metropolitana de Transporte, puede modificar la ordenanza sin volver a consultar a los votantes siempre que el cambio favorezca sus objetivos (lo cual incluye cambiar cuánto recibe cada sistema de transporte), pero no puede aumentar el impuesto ni prolongarlo sin otra votación. Un comité de supervisión independiente verifica que el distrito reparta el dinero como lo exige la ordenanza, pero no tiene ninguna autoridad sobre cómo gastan las agencias de transporte lo que reciben.

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¿Por qué votar SÍ?

Si BART se queda sin dinero, no hay un plan de respaldo. Muni es un departamento de la Ciudad, así que el Ayuntamiento siempre puede transferirle dinero (y ese respaldo es, en el fondo, de lo que trata la Propuesta H). BART, en cambio, es un distrito independiente que vive de las tarifas y de su propio impuesto sobre las ventas. Puede subir las tarifas, pero no puede aumentar impuestos por su cuenta, y no tiene detrás el presupuesto de ningún condado. BART afirma que ni siquiera recurriría al préstamo de emergencia del estado si esta medida no se aprueba, porque no tendría manera de devolverlo.

BART ya hizo la parte difícil. Desde 2019, los grandes operadores de la región han documentado más de $1,000 millones en ahorros, y BART opera a $375 por hora de tren, menos que el Metro de Washington o el MARTA de Atlanta. Aun así, le faltarán $378M el próximo año, una cifra que confirmó una revisión independiente.

Muni también ha hecho su parte. Desde 2020, la SFMTA ha recortado $246M en costos, sobre todo al eliminar más de 500 puestos vacantes, y aun así su presupuesto equilibrado necesita un préstamo estatal de $200M para salir adelante el próximo año.

Así se vería un «no», según el propio BART. A partir de enero de 2027: un recorte del 63% en las horas de servicio de los trenes, tres líneas en lugar de cinco, un tren cada 30 minutos, cierre a las 9 p. m. los siete días de la semana y tarifas un 30% más altas. Si eso no alcanza, en julio de 2027 llegarían hasta 15 cierres de estaciones, un aumento acumulado del 50% en las tarifas y 1,200 despidos. La última medida de la lista de contingencia de BART es «suspender el servicio de pasajeros».

Nadie quiere pagar más impuesto sobre las ventas, y es lamentable que este afecte más a los residentes de bajos ingresos, que ya gastan una mayor parte de sus ingresos en artículos de primera necesidad, y que San Francisco pague el doble de la tasa de los demás condados. Pero no podemos elegir entre un plan excelente y uno aceptable. La elección es entre un recorte del 63% en el servicio con tarifas un 30% más altas, o un impuesto sobre las ventas moderado que mantiene funcionando el transporte público y a los pasajeros en movimiento.

El impuesto viene con salvaguardas. El dinero de San Francisco se queda en casa: cada dólar recaudado aquí va a Muni, BART, Caltrain, el ferri y los descuentos para pasajeros, y San Francisco es el único condado cuya parte no se puede destinar a pavimentar calles. Las agencias no pueden usar el dinero para reemplazar fondos existentes, los condados pueden solicitar que se retenga hasta un 7% de los fondos de un operador cuyo servicio sea sucio o inseguro, y el impuesto vence a los 14 años.

La economía de toda el Área de la Bahía depende de que el transporte público siga funcionando. Vote SÍ a la Medida Regional de Transporte Público.

Recomendamos votar por Xavier Becerra para gobernador.

Becerra ha hecho toda su carrera en el gobierno: más de dos décadas representando a Los Ángeles en el Congreso, luego como procurador general de California y después como secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. Como procurador general, demandó 120 veces al primer gobierno de Trump y presentó la primera demanda del estado contra una ciudad por negarse a planificar las viviendas que exigía la ley estatal. Rompió con el gobernador Newsom para votar a favor de la Propuesta 36, la medida de 2024 que apoyamos y que restableció los cargos por delito grave para los reincidentes en robo y delitos de drogas, y dice que la financiaría por completo. Se opone al impuesto a los multimillonarios que aparece en esta boleta, y sostiene que a las personas a quienes se les ofrece un refugio no se les debe permitir quedarse en la calle. En materia de vivienda, dice que declararía el estado de emergencia desde su primer día, financiaría las casi 40,000 viviendas subsidiadas que ya están aprobadas y solo esperan la última parte de su financiamiento, y acabaría con la zonificación excluyente cerca del transporte público.

Lo que no ha hecho es hacer campaña. Becerra quedó en primer lugar en junio, con 28% frente al 25% de Hilton, lleva la delantera por 55% a 37% en la encuesta más reciente del Berkeley IGS, y ha tomado esa ventaja como motivo para decir lo menos posible. Cuando le preguntaron en el escenario qué podían esperar de él los electores como gobernador, no quiso nombrar ni un solo compromiso: «Prefiero no hacer campaña con promesas infladas. Haré campaña con mi historial». A finales de julio, Hilton había aceptado seis invitaciones a debates y Becerra, ninguna. El único debate programado hasta ahora es el del 30 de septiembre, cinco semanas antes del Día de las Elecciones. Melissa Michelson, politóloga de Menlo College, lo calificó de «ciencia política de manual», y tiene razón, pero un candidato que no dice lo que va a hacer les pide a los votantes que tengan mucha fe. Esperamos que Becerra haya aprovechado estos meses tranquilos para reunir un sólido equipo de asesores y directores de agencias. El verdadero trabajo del gobernador es elegir a las personas que dirigen el estado, y es justamente ahí donde su experiencia debería rendir frutos.

Steve Hilton tiene un par de buenas ideas, como impedir que se use CEQA (la ley estatal de revisión ambiental) para acabar a punta de demandas con proyectos de viviendas nuevas, pero tiene muchas más malas. Pidió una auditoría de las elecciones de 2020 y promovió la teoría conspirativa de que el Dr. Anthony Fauci fue el responsable de la pandemia en el programa de Fox News que condujo durante seis años. El presidente Trump le dio su respaldo en abril. Califica la ley santuario de California de «una política ridícula» y la derogaría, una ley que Becerra defendió en los tribunales como procurador general. Su plan fiscal eliminaría el impuesto estatal sobre los primeros $150,000 de ingresos y cobraría una tasa fija del 8% por encima de esa cifra, y no ha dicho qué recortaría para pagarlo, un hueco que un economista de Chapman University calculó en casi un tercio del presupuesto estatal. También revertiría las normas climáticas de California, incluida la obligación de que las compañías eléctricas compren energía solar y eólica. Además, nunca ha ocupado un cargo electo.

Becerra tiene la experiencia para el cargo y una trayectoria en vivienda y seguridad pública que coincide con la nuestra. Hilton tiene un programa de televisión y el respaldo de Trump. Esperamos que Becerra haya aprovechado esta campaña tranquila para formar el equipo que de verdad va a dirigir el estado, porque ese es el trabajo.

Recomendamos votar por Fiona Ma para vicegobernadora.

En junio respaldamos a Josh Fryday, que lamentablemente quedó en tercer lugar y no pasó a la elección general. Ahora la contienda enfrenta a Fiona Ma, demócrata, con Gloria Romero, republicana, y Ma es la opción clara.

El vicegobernador integra la State Lands Commission, tiene asientos con voto en los UC Regents, los CSU Trustees y el Community Colleges Board of Governors, y preside la Commission for Economic Development. La mayoría de los candidatos tratan este cargo como un trampolín. Ma tiene planes específicos para las herramientas concretas que ofrece el puesto.

¿Por qué votar por Fiona Ma?

Fiona Ma comenzó su carrera de servicio público en San Francisco, como supervisora del Sunset de 2002 a 2006, y desde entonces ha ocupado cargos en todos los niveles del gobierno de California: seis años en la Asamblea, donde más de 60 de sus proyectos se convirtieron en ley y fue presidenta pro tempore, un mandato en la Junta de Ecualización y dos mandatos como tesorera del estado. La respaldamos para tesorera en 2022 y dijimos que era la opción segura y estable. Lo fue.

Nunca he perdido una elección, y no es por casualidad. Cuando me propongo lograr algo, me comprometo por completo y cumplo.

— Fiona Ma, cuestionario de GrowSF

El trabajo de tesorera resulta ser una preparación directa para este cargo. Ma preside el comité que asigna los créditos fiscales que hacen posible la vivienda asequible, forma parte de la junta de la California Housing Finance Agency, emitió los primeros bonos del estado para vivienda estudiantil en los community colleges y lanzó Dream for All, el programa de ayuda para el pago inicial dirigido a quienes compran su primera vivienda. Como vicegobernadora, se sentaría en las juntas de las mismas instituciones que ha estado financiando, y es la única funcionaria electa que forma parte de las tres. Su plan construiría vivienda para trabajadores en los 75,000 acres de terrenos que ya son propiedad de los distritos escolares y las universidades, con financiamiento de un fondo rotatorio de préstamos sin intereses, para que los maestros y el personal universitario puedan permitirse vivir donde trabajan. En la State Lands Commission, quiere impulsar el primer centro de energía eólica marina de California a escala comercial, en Morro Bay y Humboldt, hasta que esté en plena construcción.

También propone una reforma que ya respaldamos en otra contienda: abolir la Junta de Ecualización. Ma formó parte de esa junta, la presidió y puso en marcha las auditorías externas que sacaron a la luz la mala gestión que llevó a las reformas de 2017, las cuales le quitaron la mayoría de sus facultades. Ahora quiere terminar el trabajo, que es exactamente la postura que tomamos en nuestra recomendación para la Junta de Ecualización. Dice mucho que una política proponga eliminar un organismo del que ella misma formó parte.

Shirley Weber ha hecho el trabajo de manera competente, y la respaldamos para otro mandato.

La función principal de la secretaria de Estado es administrar las elecciones de California, y Weber lo ha hecho sin dramas, que es exactamente lo que se busca. Durante su gestión, California alcanzó un récord de 22.6 millones de electores inscritos en 2024, y más de 5 millones de californianos se inscribieron para dar seguimiento a su boleta con el sistema «Where's My Ballot». También ha ampliado la inscripción de electores el mismo día de la votación y ha aumentado el número de condados acogidos a la Voter Choice Act, que les da a los electores más flexibilidad sobre dónde y cuándo emitir su voto.

Cuando el gobierno federal exigió la base de datos completa de electores inscritos de California, con números de Seguro Social incluidos, Weber se negó y ganó en los tribunales en enero. Ha defendido el voto por correo con la misma firmeza. Cuando en agosto la Corte Suprema le permitió a la administración seguir adelante con nuevos límites al voto por correo, Weber se comprometió a que todos los californianos con derecho a votar sigan recibiendo una boleta por correo y a que esa boleta se cuente. Además, la regla de California según la cual cuenta toda boleta con matasellos de fecha igual o anterior al Día de las Elecciones que llegue dentro de los siete días siguientes se mantuvo en pie cuando la Corte Suprema se pronunció sobre el tema en junio.

Nos gustaría verla presionar más a favor de la transparencia en el financiamiento de campañas. La base de datos de divulgación Cal-Access del estado es difícil de usar y complica demasiado el rastreo de ciertos tipos de gasto electoral. Los votantes merecen total transparencia sobre el dinero en la política.

Recomendamos votar por Malia Cohen para contralora estatal.

Cohen sabe de finanzas públicas y conoce bien San Francisco.

Antes de ser contralora, Cohen presidió el Comité de Presupuesto y Finanzas y el Comité de Auditoría y Supervisión de la Junta de Supervisores de SF. Después dirigió el San Francisco Employees' Retirement System, un fondo de pensiones de $35 mil millones. Ahora forma parte de las juntas de CalPERS y CalSTRS, los dos fondos públicos de pensiones más grandes del país, que en conjunto suman casi $1 billón (un millón de millones de dólares) en activos.

También fue tras el mayor fraude de escuelas chárter en la historia de California. Cohen encabezó un grupo de trabajo que propuso 20 soluciones para mejorar la forma en que el estado revisa las finanzas escolares: reglas más estrictas para los auditores, informes más rápidos y mayor divulgación. Su oficina también publica los datos salariales de más de 2 millones de trabajadores públicos en más de 5,000 agencias.

Nos gustaría que la Oficina del Contralor devolviera los $15 mil millones en propiedad no reclamada, como cuentas bancarias olvidadas y cheques sin cobrar, que pertenecen a los californianos. Otros estados la devuelven automáticamente, pero California todavía no. En general, Cohen ha aportado transparencia y rendición de cuentas al gasto del estado.

Recomendamos votar por Eleni Kounalakis para tesorera del estado.

El tesorero estatal preside CDLAC (que decide cómo se gastan miles de millones en bonos exentos de impuestos) y CTCAC (que asigna los créditos fiscales federales que hacen posible la vivienda asequible). Si esas agencias actúan con lentitud, la vivienda no se construye. Kounalakis es la única candidata en esta contienda que de verdad ha construido vivienda, ha financiado infraestructura y ha gestionado inversiones de gran envergadura en el sector privado.

Kounalakis nombró tres resultados medibles con los que los votantes deberían evaluarla después de dos años: más viviendas financiadas mediante programas estatales y terminadas en menos tiempo, rendimientos de las pensiones que igualen o superen los parámetros de referencia, con mayor transparencia, y un crecimiento significativo de las inscripciones en CalSavers, CalKIDS, ScholarShare 529 y CalABLE, sobre todo entre las familias trabajadoras y las comunidades desatendidas. Ese tipo de rendición de cuentas es poco común en una contienda estatal.

Me enfocaré en reducir los costos de financiamiento, liberar capital y colaborar con los gobiernos locales para que los proyectos pasen más rápido de la aprobación a la construcción, porque la asequibilidad depende de la oferta.

Eleni KounalakisVicegobernadora de California

En disciplina fiscal es concreta: mantener la proporción entre el servicio de la deuda y el Fondo General en 6% o menos, publicar un tablero público, el «California Balance Sheet», que dé seguimiento en lenguaje sencillo a la deuda en bonos, los activos de las pensiones y el rendimiento de las inversiones, e impulsar rendimientos estables de las pensiones con presión a la baja sobre las comisiones. La fuerte dependencia de California de los ingresos por el impuesto sobre las ganancias de capital provoca ciclos presupuestarios de auge y caída, por lo que Kounalakis alinearía la gestión de efectivo con los ciclos económicos y mantendría liquidez durante las recesiones en lugar de pedir prestado en el peor momento.

Antes de entrar a la vida pública, Kounalakis pasó casi dos décadas como desarrolladora de vivienda en AKT Development, donde construyó comunidades planificadas en la región de Sacramento en las que hoy viven miles de familias californianas. Conoce de primera mano el financiamiento con bonos, los programas de créditos fiscales y las herramientas del mercado de capitales que controla la Tesorería. Como vicegobernadora, forma parte de las juntas de gobierno de los sistemas UC, CSU y Community College, donde, entre otras cosas, votó para aprobar la construcción de más de 60,000 nuevas camas de vivienda estudiantil en todo el estado.

El trabajo del tesorero consiste en administrar el dinero del estado: bonos, inversiones, pensiones y efectivo. Kounalakis es la única candidata en esta contienda con experiencia en el sector privado haciendo exactamente eso. Por eso tiene nuestro respaldo.

Rob Bonta ha sido un procurador general eficaz, y nos complace respaldarlo para otro mandato.

Para los votantes de San Francisco, el trabajo más importante de Bonta ha sido en materia de vivienda. Copatrocinó con Scott Wiener la SB 1037, que le dio a la oficina del procurador general verdadero poder para multar a las ciudades que bloquean la vivienda, y lo ha usado. Su oficina ha obligado a cumplir la ley a ciudades de todo California que frenaban ilegalmente sus planes de vivienda, con acuerdos con Fullerton, Norwalk, Elk Grove y Huntington Beach, entre otras. Cuando Woodside declaró todo el pueblo santuario de pumas para esquivar la SB 9, Bonta le advirtió al pueblo que estaba violando la ley estatal. Esa misma semana, Woodside revocó la medida y empezó a aceptar solicitudes. Cada vivienda que se construye porque una ciudad NIMBY (de las que se oponen a la vivienda nueva) se vio obligada a cumplir la ley hace que el mercado regional de vivienda de San Francisco sea un poco menos disparatado.

También ha ido tras las prácticas anticompetitivas en el mercado de alquiler. Su oficina consiguió un acuerdo de $7M con Greystar, el mayor arrendador del país, por usar software para coordinar los precios de alquiler con sus competidores, lo que equivale a un cártel operado mediante un algoritmo. Ese tipo de fiscalización le importa a cada inquilino del Área de la Bahía.

Bonta también ha defendido activamente a California frente al gobierno de Trump, con más de 50 demandas en temas que van desde la inmigración hasta la protección del medio ambiente. Dos de ellas protegen su boleta por correo. Cuando una orden ejecutiva de marzo de 2025 intentó obligar a los estados a descartar las boletas emitidas a más tardar el Día de las Elecciones pero recibidas unos días después, Bonta codirigió la demanda de 19 estados que obtuvo contra ella una orden judicial permanente en junio de 2026. Cuando una segunda orden, en abril de este año, instruyó al Servicio Postal para que enviara boletas solo a los electores incluidos en nuevas listas federales, volvió a demandar y ganó, aunque la Corte Suprema suspendió ese fallo el 24 de agosto por razones de plazos, sin decidir si la orden es legal. Dos días después presentó una demanda contra la regla del Servicio Postal que pone en práctica esa orden, y el 4 de septiembre un juez federal bloqueó la regla para las elecciones de noviembre. El gobierno de Trump le pidió a la Corte Suprema que levantara ese bloqueo, y el 14 de septiembre la Corte se negó por 7 votos contra 2, así que la regla no se aplicará en estas elecciones. Todos los votantes de San Francisco reciben una boleta por correo, y Bonta lleva un año y medio en los tribunales asegurándose de que esas boletas se puedan contar.

Recomendamos votar por Ben Allen para comisionado de Seguros. Allen tiene la experiencia, los conocimientos y la trayectoria para arreglar el mercado de seguros de California, que hoy no funciona.

En las primarias de junio respaldamos a Patrick Wolff, aunque mencionamos que Ben Allen también era una buena opción. Lamentablemente, Patrick Wolff perdió, así que las elecciones de noviembre son un enfrentamiento directo entre Ben Allen y Jane Kim. Recomendamos firmemente a Ben Allen y nos oponemos firmemente a Jane Kim.

El mercado de seguros de California está roto. Las aseguradoras se están yendo del estado, el FAIR Plan, administrado por el estado, se ha disparado a más de 610,000 pólizas (un aumento del 154% desde 2021), y a los propietarios de viviendas en zonas propensas a incendios los están empujando hacia un plan de respaldo con cobertura mínima que acaba de pedir un aumento de tarifas del 36%. El próximo comisionado de Seguros necesita entender qué es lo que realmente falla y cómo arreglarlo. Solo un candidato en esta contienda lo entiende.

¿Por qué votar por Ben Allen?

Allen lleva más de una década trabajando en seguros, clima y protección al consumidor. Como senador estatal, representa a las comunidades devastadas por el incendio de Palisades, donde tras el desastre ayudó a cientos de sus electores a pelear por sus reclamos de seguro, una experiencia que él describe como «un asiento de primera fila frente a nuestro sistema de seguros roto». Vio cómo el FAIR Plan estuvo a punto de colapsar bajo $4 mil millones en pérdidas por los incendios de Los Ángeles, con costos repartidos entre los asegurados de todo el estado mediante un cargo de emergencia de $1,000 millones, y sacó la lección correcta: dejar que el FAIR Plan crezca sin control crea un riesgo sistémico para todos.

De pie entre el humo, las cenizas y la incertidumbre, vi lo que es el fracaso.

Ben AllenSenador estatal de California

Sin embargo, Allen no esperó a que ocurriera una tragedia para actuar. En 2024, un año antes de los incendios de Palisades, fue autor de la Propuesta 4, que autorizó un bono de $10 mil millones para reducir el riesgo de incendios forestales y para infraestructura hídrica, y que los votantes aprobaron. Mientras otros candidatos hablan en términos vagos de asequibilidad y esquivan preguntas sobre su experiencia en el tema, Allen ya puso a trabajar $10 mil millones para reducir el riesgo que, para empezar, encarece los seguros.

Su plan para el cargo combina flexibilidad regulatoria con una rendición de cuentas estricta: las aseguradoras tendrían más flexibilidad para fijar precios que reflejen el riesgo con precisión, de modo que los contribuyentes no se vean obligados a rescatarlas después de un desastre, y a cambio tendrían que emitir y renovar pólizas en California de verdad. También quiere un defensor independiente del consumidor dentro del Departamento de Seguros, tableros públicos que den seguimiento a la conducta de las aseguradoras y la prohibición de que los comisionados trabajen para la industria de seguros después de dejar el cargo. Puede leer sus planes completos en sus respuestas a nuestro cuestionario.

¿Por qué no Jane Kim?

Jane Kim es una política de carrera que pasó de ser supervisora de San Francisco a perder su candidatura al Senado estatal, luego a dirigir un partido político socialista (el Working Families Party), y ahora quiere que el estado tome el control de los seguros contra desastres. No tiene experiencia en seguros, ni licencia de seguros, ni trayectoria en servicios financieros. Se postula con un plan llamado «Disaster Insurance for All» («seguro contra desastres para todos»): un programa administrado por el gobierno que reemplazaría la cobertura privada contra desastres. Usted le pagaría una cuota al estado, y el estado cubriría los incendios forestales, los terremotos y las inundaciones. Las aseguradoras privadas no tendrían ninguna razón para quedarse. El próximo gran incendio forestal o terremoto significaría un rescate masivo pagado por los contribuyentes o una ola de reclamos sin pagar.

En teoría esto podría funcionar, pero dependería de que el estado le pusiera un precio preciso al riesgo. Sin embargo, el mercado privado está en crisis precisamente porque el estado no ha permitido que las aseguradoras le pongan un precio preciso al riesgo. El plan de Kim empeoraría ese problema en vez de mejorarlo.

Su plan revela un malentendido fundamental sobre lo que es un seguro. Los seguros funcionan poniéndole precio al riesgo y repartiéndolo en un grupo grande. Kim no se compromete a ponerle precio al riesgo. Cuando se lo preguntaron directamente, le dijo a Washington Monthly: «Me imagino que tomaríamos en cuenta tanto el valor como el riesgo, pero uno de los objetivos es asegurarnos de que [la cobertura] sea asequible». Estas evasivas preocupan a los economistas. Mantener las tarifas bajas en nombre de la asequibilidad es justamente la manera de terminar sin cobrar por el riesgo. Cuando las viviendas en zonas propensas a incendios no pagan lo que realmente cuesta su riesgo, las personas que viven en ciudades a salvo de incendios, como San Francisco, pagan más. Se supone que el precio de los seguros hace que la gente lo piense dos veces antes de construir en lugares peligrosos. Cuando esa señal se debilita, más personas se mudarán a zonas propensas a incendios, más casas se quemarán y los sanfranciscanos pagarán aún más para cubrirlo.

En resumen, Jane Kim quiere acabar con los seguros privados contra desastres y meter a todos en una sola cuenta administrada por el estado que calcula mal los riesgos reales, y luego esperar que nunca pase nada malo.

Ya vimos esta película en California. El FAIR Plan, la aseguradora estatal de respaldo que ya existe, sufrió $4 mil millones en pérdidas por los incendios de Los Ángeles, se quedó sin dinero y tuvo que cobrarles a las aseguradoras privadas una cuota de emergencia de $1,000 millones solo para seguir a flote. Y eso con apenas 610,000 pólizas. Kim quiere poner a todos los propietarios de vivienda de California en un plan como este.

Los modelos que ella cita tampoco son historias de éxito: la aseguradora de terremotos de Nueva Zelanda quedó desbordada tras el terremoto de Christchurch de 2011, les pagó de menos a los afectados durante más de una década y ahora enfrenta una demanda.

No somos los únicos que lo vemos así. El consejo editorial del San Francisco Chronicle respaldó a Allen bajo el titular «Un candidato está listo para ser el comisionado de Seguros de California. La otra sería un desastre». Calificó a Kim de «imprudente como pocas», dijo que su plataforma es «políticamente seductora» pero «una receta para el desastre», y recordó su Propuesta C de 2016, con las tasas de vivienda inclusiva que los supervisores tuvieron que recortar tres veces porque los proyectos dejaron de ser rentables. Su conclusión: «Si la Propuesta C es un ejemplo de cómo actuaría Kim como comisionada de Seguros, los votantes deberían salir corriendo despavoridos».

Esta contienda es una elección entre un legislador que lleva una década trabajando en el problema y una candidata cuyo plan lo empeoraría drásticamente. Ben Allen entiende cómo funcionan los seguros y ya ha hecho más que nadie en esta contienda para arreglar el problema. Por eso tiene nuestro respaldo.

Recomendamos votar por John Pimentel para la Junta Estatal de Ecualización, Distrito 2.

La Junta de Ecualización tiene un papel bastante reducido desde que en 2017 perdió la mayor parte de sus poderes, tras una auditoría que reveló fondos faltantes y señales de nepotismo. El gobernador Brown firmó una ley que despojó a la Junta de la mayoría de sus funciones, y el trabajo de fondo pasó a dos nuevas agencias bajo el control del gobernador. Lo que queda es fijar el valor gravable de las propiedades de ferrocarriles y empresas de servicios públicos, supervisar las prácticas estatales de avalúo del impuesto sobre la propiedad para que los tasadores de los condados actúen con coherencia, y resolver ciertas apelaciones tributarias. De hecho, este cargo probablemente debería abolirse. Algunos legisladores han propuesto exactamente eso, y Betty Yee, exmiembro de la junta y excontralora estatal, cuestiona que la junta «siga siendo relevante».

Pimentel es ese candidato poco común que está de acuerdo en que este cargo electo no debería existir. Hace campaña para trasladar el trabajo que le queda a la junta a las demás agencias tributarias del estado, lo cual acabaría con la práctica de pagarles $184,000 por año a cuatro miembros electos para supervisar una función técnica y administrativa. El San Francisco Chronicle lo respaldó «por su disposición a eliminar su propio puesto».

A California no le faltan buenas intenciones. Lo que nos falta es seguimiento, rendición de cuentas, ejecución práctica y la disciplina para decir «NO».

— John Pimentel, cuestionario de GrowSF

¿Por qué votar por John Pimentel?

Pero mientras la junta no se elimine, necesita a alguien que sepa administrarla bien. La junta ha estado plagada de escándalos y mala gestión, y la Legislatura le ha quitado la mayor parte de sus poderes. Las funciones que le quedan son técnicas y administrativas, y la junta merece a alguien que de verdad haya dirigido organizaciones grandes y complejas.

Su plataforma es práctica: modernizar la supervisión que la junta ejerce sobre los tasadores de los condados con herramientas de datos compartidas, agilizar las apelaciones de avalúos y los reembolsos, y usar el cargo para impulsar la eliminación del impuesto sobre las ventas de alimentos y comida preparada.

La trayectoria de Pimentel se centra en la ejecución. Como subsecretario de Transporte de California, supervisó la reconstrucción de emergencia de las autopistas de Los Ángeles después del terremoto de Northridge de 1994, con contratos basados en incentivos que terminaron las obras en tiempo récord, y dirigió la fusión de la Policía Estatal de California con la Patrulla de Caminos (Highway Patrol). En el sector privado, construyó más de $1.5 mil millones en infraestructura de energía limpia y agua.

Como síndico del Distrito de Colegios Comunitarios del Condado de San Mateo, encabezó el esfuerzo que hizo gratuita la matrícula del colegio comunitario para los residentes del condado, y la inscripción aumentó un 24%. Cuando el exrector del distrito fue despedido en medio de una investigación por corrupción, Pimentel presionó para cancelar su contrato de emérito sin funciones, crear un puesto de auditor interno y una línea confidencial de denuncias, y demandar a los contratistas acusados de sobornarlo. Ambos esfuerzos dieron fruto. El exrector fue declarado culpable en enero de ocho delitos graves de perjurio y fraude fiscal, y en junio los contratistas llegaron a un acuerdo con el distrito por $20M, dinero que vuelve a los contribuyentes. Esa trayectoria contra la corrupción le servirá a Pimentel en la Junta.

Por qué cambiamos nuestro respaldo

En las primarias de junio respaldamos a Sally Lieber, pero decidimos cambiar nuestro respaldo a John Pimentel para las elecciones generales.

Antes de las primarias, Lieber fue la única candidata que respondió a nuestro cuestionario. Sin duda no estábamos de acuerdo con todas sus posturas, pero tenía una trayectoria competente y sin escándalos en la junta.

Sin embargo, después de las primarias, Pimentel respondió a nuestro cuestionario, y sus respuestas nos parecieron muy convincentes. Más convincentes, de hecho, que las de Lieber.

En definitiva, en estas elecciones generales hay que escoger entre dos demócratas con visiones opuestas del cargo en sí. Lieber defiende mantener la junta y la describe como un foro austero y eficaz para los contribuyentes. Nosotros creemos que el escándalo de 2017, las propuestas de la propia Legislatura para abolirla y las dudas de exmiembros de la junta cuentan otra historia. Las posturas de Pimentel coinciden más con las nuestras y están más en línea con el buen gobierno.

Cuando la pregunta central de una contienda es si el cargo debería siquiera existir, nos ponemos del lado del candidato que quiere desmantelarlo y que, mientras tanto, tiene la trayectoria para administrar bien lo que queda. Por eso John Pimentel cuenta con nuestro respaldo.

Recomendamos votar por Matt Haney para la Asamblea Estatal, Distrito 17.

Haney ha sido uno de los legisladores de SF más productivos en Sacramento. Su mayor victoria es la AB 507, firmada por Newsom en 2025, que facilita convertir edificios de oficinas vacíos en vivienda en todo el estado. La ley empezó como una solución para San Francisco, ya que nuestro centro tiene millones de pies cuadrados de oficinas vacías, y Haney logró que se ampliara a todo el estado. Los proyectos que cumplen las reglas ahora se aprueban automáticamente, sin necesidad de rezonificación. También es autor de la AB 1445, que permite a otras ciudades reinvertir en el proyecto el aumento del impuesto sobre la propiedad que genera una conversión de oficinas, una herramienta de financiamiento con la que San Francisco ya contaba. Además, fundó y preside el primer comité de la Asamblea dedicado a la recuperación del centro, donde, según él, 8 de sus 13 proyectos de ley sobre el centro se han convertido en ley. También ha presionado fuerte en seguridad pública: la AB 2475 impide que los hospitales estatales den de alta a pacientes con antecedentes penales violentos sin un plan de supervisión, vivienda y tratamiento. Y su AB 602, la Campus Overdose Prevention Act, hace que a partir de julio de 2026 las universidades públicas ofrezcan tratamiento en lugar de sanciones disciplinarias a los estudiantes que piden ayuda durante una sobredosis.

En su cuestionario, Haney plantea una agenda ambiciosa pero con los pies en la tierra para su próximo mandato. En vivienda, quiere acabar con la zonificación excluyente, acelerar las conversiones de oficinas a viviendas y avanzar hacia permisos por derecho para proyectos de relleno urbano. En cuanto a la crisis del fentanilo, está trabajando para ampliar el acceso al tratamiento y garantizar viviendas para la recuperación libres de drogas, a la vez que apoya la acción policial contra las redes de tráfico. Además, está impulsando la revitalización del centro: modernizar las reglas de la vida nocturna, apoyar a las pequeñas empresas y volver a hacer de los centros urbanos lugares donde la gente quiera pasar su tiempo.

Haney trabaja con legisladores de ambos partidos y logra que se firmen sus proyectos de ley. Su contrincante, el empresario inmobiliario republicano Manuel Noris-Barrera, obtuvo el 15% frente a él en 2024. Haney se ha ganado otro mandato.

Recomendamos votar por Catherine Stefani para la Asamblea Estatal, Distrito 19.

Stefani ha tenido un primer mandato productivo. Newsom firmó siete de sus proyectos de ley en 2025. Entre los más destacados están la Restitution First Act (AB 1213), que garantiza que las víctimas de delitos reciban su reparación antes de que se cobren otras multas; una prohibición de las cubiertas para placas (AB 1085), que cierra un vacío legal que los delincuentes usaban para esquivar las cámaras de peaje; y la Wyland's Law (AB 1363), que corrige una falla mortal en la manera en que California hace cumplir las órdenes de restricción de armas de fuego. La seguridad frente a las armas de fuego es su tema distintivo. Fundó la sección de SF de Moms Demand Action y, como supervisora, redactó la prohibición de armas fantasma de SF, la primera de California.

Tenemos algunas inquietudes sobre la cercanía de Stefani con ciertos intereses especiales de Sacramento, en particular en temas donde las prioridades de los grupos de presión a nivel estatal no siempre coinciden con lo que más le conviene a San Francisco. Seguiremos de cerca su segundo mandato. Pero por los méritos de lo que ha hecho hasta ahora, se ha ganado nuestro respaldo.

Recomendamos votar SÍ para mantener en el cargo a la jueza Kelli M. Evans y al juez Joshua Groban en la Corte Suprema de California.

Nuestro criterio es el mismo que para la Corte de Apelaciones: mantener a un juez en el cargo salvo que conste en su expediente una falta de conducta grave o un criterio deficiente que se aparte de las normas jurídicas. Evans fue nombrada por el gobernador Newsom en 2022 y Groban, por el gobernador Brown en 2018. Ninguno de los dos figura en el registro público de sanciones disciplinarias de la Comisión de Desempeño Judicial (Commission on Judicial Performance), y no encontramos ninguna campaña organizada en contra de ninguno de ellos.

Recomendamos votar SÍ para mantener en el cargo a los once jueces de la Corte de Apelaciones que aparecen en su boleta.

En California, los jueces de apelaciones no compiten contra nadie. Los votantes responden sí o no a si cada uno de ellos conserva su puesto. Nuestro criterio es sencillo: mantener a un juez en el cargo salvo que conste en su expediente una falta de conducta grave o un criterio deficiente que se aparte de las normas jurídicas. Incluso cuando un juez toma una y otra vez decisiones con las que no estamos de acuerdo, si está aplicando la ley, lo que debemos hacer es enfocarnos en cambiar la ley, no al juez.

Revisamos los registros de la Comisión de Desempeño Judicial (Commission on Judicial Performance), que publica todas las censuras públicas, amonestaciones y destituciones de jueces en California, y ninguno de estos once jueces aparece en ellos.

Recomendamos votar por Richard Barrera para superintendente de Instrucción Pública del estado.

Este cargo importa mucho menos que la última vez que usted votó por él. Con el presupuesto que Newsom firmó en junio, un comisionado nombrado por el gobernador le quitará al superintendente la dirección del Departamento de Educación el 15 de enero de 2027. Quien gane esta contienda asumirá el cargo a principios de ese mismo mes y dirigirá el departamento apenas unos días.

El superintendente tiene voto en la Junta Estatal de Educación, que pasa de 11 a 13 miembros y decide lo que se espera que aprendan los estudiantes, aprueba los libros de texto y administra los exámenes estatales. El cargo también incluye asientos en las juntas que dirigen los colegios comunitarios, la CSU y la UC, además de una plataforma para hablar en nombre de las escuelas públicas.

¿Por qué Barrera?

La aprobación de los libros de texto es la herramienta más importante que le queda a este cargo, y la lectura es justamente donde California está fallando. Solo el 47% de los niños lee al nivel de su grado, y el SFUSD está en el 10% más bajo de 287 distritos. La respuesta de California en 2025 fue una ley de fonética que los distritos pueden adoptar o ignorar. Mississippi fue más lejos y pasó del puesto 49 en lectura de cuarto grado en 2013 a más o menos el promedio nacional en 2019: capacitó a los maestros en fonética, puso asesores de lectura en las escuelas con dificultades e hizo repetir el año a los alumnos de tercer grado que no sabían leer. Richard Barrera dice que «vale la pena estudiarlo en serio».

Haría que la Junta diera seguimiento a una lista corta de resultados a nivel estatal e informara públicamente si mejoran, en lugar de seguir sumando metas.

A California no le faltan metas. Sufre de responsabilidades dispersas y de un seguimiento desigual.

Richard BarreraMiembro del Consejo Escolar del Distrito Unificado de San Diego

En el Distrito Escolar Unificado de San Diego, Barrera impulsó que se exigiera a todos los graduados completar los cursos necesarios para ser admitidos en la UC y la CSU, y según él, la proporción de estudiantes latinos que cumplían ese requisito subió del 25% al 70% en una década. Lo logró con la facultad que tiene un miembro del consejo escolar para fijar los requisitos de graduación. Este cargo no tiene esa facultad, pero sí le da un asiento en las juntas que dirigen la UC, la CSU y los colegios comunitarios, que es a donde esos graduados presentan su solicitud después.

Newman tenía razón

En junio respaldamos a Josh Newman, en parte porque era el único candidato dispuesto a decir que este cargo debería ser por nombramiento y no por elección. Tenía razón.

Con el esquema anterior, la Junta Estatal de Educación, nombrada por el gobernador, fijaba la política y un superintendente elegido por separado la ejecutaba, de modo que cuando los resultados eran malos, cada uno le echaba la culpa al otro y nadie rendía cuentas. Un informe de diciembre de 2025 de Policy Analysis for California Education concluyó que esa división generaba responsabilidades superpuestas y una rendición de cuentas poco clara, y recomendó poner el departamento a cargo de un director nombrado por la Junta, mientras el superintendente electo evalúa si el sistema está funcionando.

Ambos candidatos se opusieron al cambio. Barrera lo llamó un «intento de burlar el sistema para quitarle la responsabilidad a la persona que los votantes eligen para mejorar nuestras escuelas públicas», y Shaw lo calificó de «toma de poder inconstitucional». Creemos que se equivocan, aunque eso no pesa mucho en su voto, porque ninguno de los dos puede revertirlo.

¿Qué es?

La Propuesta 1 es un bono de $11.25 mil millones: $10 mil millones para financiar vivienda subsidiada y $1.25 mil millones para préstamos de CalVet que ayudan a los veteranos a comprar granjas, viviendas y casas móviles.

El estado paga los bonos de vivienda con dinero del Fondo General a lo largo de un plazo de hasta 35 años. Los fondos de CalVet funcionan de otra manera: los pagos de los préstamos de los veteranos cubren esos bonos, y el Fondo General pone lo que falte.

Asignación de fondos

La mitad de los $10 mil millones del bono de vivienda se destina al Multifamily Housing Program (programa de vivienda multifamiliar), con un total de $5.1 mil millones para construir y renovar viviendas de alquiler asequibles. La otra mitad se repartirá entre vivienda con servicios de apoyo ($1.15 mil millones), el CalHome Program ($600M) y el Home Purchase Assistance Fund ($500M), que ayudan a las personas a comprar vivienda, infraestructura ($500M) y $1,000 millones para vivienda para trabajadores agrícolas, estudiantes y comunidades tribales, entre otros.

La Legislatura puede cambiar este reparto más adelante sin volver a consultar a los votantes.

Los $1.25 mil millones restantes para veteranos financian el programa CalVet ya existente, que ayuda a los veteranos a comprar granjas y viviendas.

Rendición de cuentas

El estado debe publicar un informe anual sobre cómo gastó el dinero del bono.

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¿Por qué votar SÍ?

La Propuesta 1 aportaría los fondos para construir unas 45,000 viviendas subsidiadas que ya están completamente diseñadas, cuentan con permisos y están listas para empezar la construcción.

Hacen falta bonos para financiar esta construcción porque California eliminó el financiamiento continuo en 2012, cuando la Legislatura disolvió las agencias locales de reurbanización. Antes de 2012 había más de $1,000 millones al año disponible para construir vivienda para personas de bajos ingresos, pero desde entonces se ha pagado con bonos de una sola vez que los votantes deben aprobar: $2.1 mil millones en 2002, $2.85 mil millones en 2006, $4 mil millones en 2018. Cada bono se compromete por completo en proyectos de todo el estado, y luego la cartera de proyectos se congela hasta el siguiente bono aprobado por los votantes. Es una pésima manera de financiar algo que se necesita todos los años, y es comprensible que a los votantes les moleste.

Pero la buena noticia es que estos bonos funcionan. En promedio, con los bonos anteriores, cada $100,000 de dinero estatal se convierte en una vivienda para una familia de bajos ingresos que lucha por llegar a fin de mes. Hasta junio de 2024, el bono de 2018 había construido o financiado 22,735 viviendas con los $2.34 mil millones adjudicados hasta esa fecha. Cabe aclarar, sin embargo, que no todas se han construido; esas viviendas están en todas las etapas, desde recién financiadas hasta totalmente ocupadas.

Lamentablemente, los costos han subido de unos $100,000 por vivienda a unos $250,000, así que estimamos que este bono de $11 mil millones financiará unas 40,000 viviendas.

Queremos señalar que California es especialmente cara por los altos costos de mano de obra y por las costosas normas de diseño que el gobierno exige para estos proyectos. RAND encontró que en California construir vivienda subsidiada cuesta 1.5 veces lo que cuesta construir vivienda a precio de mercado aquí, y cuatro veces el promedio de Texas.

Los votantes deben elegir entre financiar un programa caro pero que funciona, o esperar a que las autoridades reguladoras resuelvan los altos costos de construcción que ellas mismas impusieron. Creemos que los votantes deben autorizar el bono y presionar para que haya un mejor control de costos. Cada año que un proyecto con permisos tiene que esperar, sus costos suben y hay que rehacer su financiamiento, de modo que la demora en sí malgasta dinero público. Vote SÍ a la Propuesta 1 para construir las viviendas que California ya aprobó.

¿Qué es?

La Propuesta 2 duplica el tope del fondo de reserva de California para tiempos difíciles (conocido en inglés como rainy day fund), que pasaría del 10% al 20% de los ingresos fiscales del Fondo General. Además, aumenta la cantidad que ahorra el estado cuando los ingresos por el impuesto sobre las ganancias de capital son altos.

Hoy en día, California solo puede ahorrar hasta el 10% del presupuesto total (es decir, si el presupuesto del estado fuera de $300 mil millones, solo podría ahorrar legalmente $30 mil millones). La Propuesta 2 duplicaría ese tope máximo de ahorro. California ha llegado al tope dos veces desde que se creó en 2014, como parte de la Budget Stabilization Act que estableció el fondo de reserva.

También se ahorraría una mayor parte de lo recaudado por el impuesto sobre las ganancias de capital cuando estas representen más del 10% del total de los ingresos fiscales del estado.

Depósitos anuales

El fondo recibe dos tipos de depósitos. El primero es una parte fija equivalente al 1.5% de los ingresos del Fondo General cada año. El segundo se activa solo cuando los impuestos sobre las ganancias de capital, el dinero más volátil que recauda el estado, superan el 8% de los ingresos fiscales del Fondo General: todo lo que pase de esa línea del 8% se aparta. La Propuesta 2 mantiene ambas reglas y agrega una tercera a partir de 2027-28. Cuando las ganancias de capital superan el 10% de los ingresos fiscales, cada dólar por encima de la línea del 10% se aparta al 150%, y los 50 centavos adicionales salen de otros ingresos fiscales. En un año normal no cambia nada. En un año de bonanza, el estado ahorra más que la ganancia extraordinaria misma.

Tomemos un año de bonanza en el que el estado recauda $200 mil millones en impuestos, de los cuales $30 mil millones provienen de ganancias de capital. La línea del 8% equivale a $16 mil millones y la del 10%, a $20 mil millones.

• Ley actual: se apartan los $14 mil millones que superan la línea del 8%.
• Propuesta 2: los $4 mil millones entre las líneas del 8% y del 10% se apartan tal cual, y los $10 mil millones por encima de la línea del 10% cuentan como $15 mil millones. El estado aparta $19 mil millones, y los $5 mil millones adicionales salen de otros ingresos fiscales.

(La fórmula real primero reserva partes para las escuelas y para pagos adicionales de deuda, pero la comparación se mantiene).

Una vez que el fondo llega al tope del 20%, el dinero que habría ingresado solo se puede gastar en infraestructura.

El límite Gann

A partir de 2027-28, los depósitos en la reserva dejan de contar para el límite constitucional de gasto del estado (el límite Gann) hasta el año en que ese dinero se retira y se gasta. Cuando los ingresos superan ese límite durante dos años, el excedente debe repartirse entre las escuelas y reembolsos a los contribuyentes, que es de donde salieron los cheques del Golden State Stimulus de 2022. Contar los depósitos más tarde mantiene al estado más lejos del límite en los años de bonanza, así que esos reembolsos se vuelven menos probables en los años en que el estado ahorra mucho.

Retiro de fondos

Para retirar dinero sigue siendo necesario que el gobernador declare una emergencia presupuestaria, y la Legislatura puede retirar como máximo la mitad del saldo del fondo en un año, a menos que ya se haya retirado dinero el año anterior.

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¿Por qué votar SÍ?

California tiene un sistema tributario mal diseñado. Ponemos un tope a los impuestos sobre la propiedad, lo que priva al estado de fondos para la educación, y lo compensamos con impuestos altos sobre los ingresos y las ganancias de capital. Pero las ganancias de capital son impredecibles, así que en los años de bonanza podemos tener un superávit de $100 mil millones y en los años de crisis, un déficit de $80 mil millones. Por eso hace falta un fondo de reserva que capture el superávit cuando sobra el dinero, para no tener que recortar servicios ni subir impuestos cuando falta.

Hay personas razonables que no están de acuerdo sobre cuánto conviene ahorrar, ni sobre si se debe obligar al gobierno a hacerlo, así que considere esta recomendación como un sí débil.

Dos cosas que los votantes quizá quieran tener en cuenta al decidir su voto:

1. Tanto OpenAI como Anthropic se preparan para lanzar ofertas públicas iniciales (IPO) récord en los próximos doce meses. Si los votantes aprueban la Propuesta 2, el estado ahorrará más de ese dinero de lo que ahorraría de otro modo, sin subir impuestos.
2. La otra cara de la moneda es que la Propuesta 2 haría menos probables los reembolsos a los contribuyentes en los años de bonanza. Reembolsos como los cheques de estímulo de 2022 solo se dan cuando los ingresos superan el límite constitucional de gasto del estado dos años seguidos, y la Propuesta 2 cuenta los depósitos del fondo de reserva para ese límite solo cuando el dinero se gasta (vea el límite Gann más arriba).

En general, creemos que fortalecer el fondo de reserva es la decisión correcta.

¿Qué es?

La Propuesta 3 vuelve permanentes las tasas adicionales del impuesto sobre la renta que California cobra a las personas de ingresos altos, ya que elimina de la constitución estatal su fecha de vencimiento de 2030.

Por encima de la tasa normal de 9.3%, el estado agrega tres tramos más altos: 10.3%, 11.3% y 12.3%. Los votantes aprobaron esas tasas con la Propuesta 30 en 2012 y las extendieron con la Propuesta 55 en 2016; vencen después del año tributario 2030. La Propuesta 3 elimina esa fecha de vencimiento, de modo que las tasas seguirán vigentes hasta que otra votación popular les ponga fin. La Propuesta 3 no cambia las tasas ni los ingresos a los que se aplican, y tampoco crea un impuesto nuevo.

Destino de los fondos

El dinero va a la Cuenta de Protección de la Educación (Education Protection Account) que creó la Propuesta 30, y que se reparte en un 89% para las escuelas de kínder a 12.º grado (K-12) y un 11% para los colegios comunitarios. En un año en que la cuenta recauda más de lo que el estado necesita para cumplir con su mínimo constitucional de financiamiento escolar (la garantía de la Propuesta 98) y mantener los programas existentes, la mitad del sobrante, hasta $2 mil millones al año, se destina a la atención médica de niños y familias a través de Medi-Cal. La Propuesta 3 no cambia la forma en que se reparte ese dinero.

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¿Por qué votar SÍ?

Los impuestos más altos sobre los ingresos altos le dan más dinero al estado, pero algunas de las personas que los pagan se van, y otras invierten o trabajan menos. La pregunta es cuánto de cada cosa.

Por suerte, ya conocemos los efectos de este impuesto: 535 contribuyentes del tramo más alto se fueron del estado después de que se aprobó, de un total de 66,936 personas, es decir, alrededor del 0.8%. Estos contribuyentes del tramo más alto representan aproximadamente el 2% de todos los contribuyentes, pero aportan cerca de la mitad de todo el impuesto estatal sobre la renta.

Creemos que los votantes deberían hacer permanentes estas tasas y votar SÍ.

Nota: Objetamos el título de esta propuesta (The California Children's Education and Health Care Protection Act of 2026), que da a entender que el dinero se destina específicamente a la «educación y atención médica de los niños». Eso es falso, y el procurador general Bonta debió haber intervenido para exigir un título honesto.

¿Qué es?

La Propuesta 4 levanta la prohibición que impide a los candidatos en California recibir dinero público para hacer campaña.

La Propuesta 4 no crea un programa de financiamiento público ni gasta dinero alguno. Lo que hace es eliminar la prohibición y fijar reglas para cualquier programa futuro. Cada ciudad, cada condado o el estado tendría que aprobar su propia ley para crear uno y decidir cómo pagarlo.

Ley actual

La prohibición proviene de la Propuesta 73, que los votantes aprobaron en 1988. En 1992, la Corte Suprema de California determinó que no se aplica a las ciudades con carta municipal propia (charter cities), que fijan sus propias reglas para las elecciones municipales. Hoy en día, cinco de estas ciudades tienen programas de financiamiento público: Berkeley, Long Beach, Los Ángeles, Oakland y San Francisco. Por eso el programa de San Francisco puede igualar las donaciones pequeñas a los candidatos locales, hasta $255,000 en una contienda para supervisor y $1.2M para alcalde, mientras que el estado, todos los condados y las ciudades sin carta municipal propia siguen sujetos a la prohibición. En 2016, la Legislatura intentó levantar la prohibición por ley, pero en 2019 un tribunal anuló ese cambio, porque modificar una ley aprobada por los votantes requiere la aprobación de los votantes. Ese fallo es la razón por la que la Propuesta 4 está en la boleta.

Reglas para los programas de financiamiento público

Un candidato que reciba fondos públicos debe aceptar límites de gasto voluntarios y demostrar un apoyo amplio en su distrito, por ejemplo, reuniendo donaciones de $10 o menos de cierta cantidad de residentes en edad de votar. Los fondos públicos no pueden usarse para pagar los honorarios de defensa legal o las multas de un candidato, ni para reembolsar un préstamo personal que el candidato le haya hecho a su propia campaña. Además, las reglas no pueden discriminar según el partido ni según si el candidato ocupa el cargo o lo disputa.

Dinero extranjero

La ley vigente ya prohíbe que los gobiernos, los intereses y los ciudadanos extranjeros hagan aportaciones a las campañas de California. El único cambio de la Propuesta 4 es la multa, que pasa a ser un rango: como mínimo el monto donado o gastado, y hasta el triple de ese monto. El texto legal incluye dos versiones de esta sección, ya que otro proyecto de ley, el Proyecto de Ley de la Asamblea 953 (AB 953), reescribió esa misma ley con vigencia a partir del 1 de enero de 2026.

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¿Por qué votar NO?

Como a San Francisco no se le prohibía tener un programa de financiamiento público, pudimos analizar su impacto en nuestras elecciones. De 2012 a 2019, las donaciones a los candidatos a supervisor se igualaban 2 a 1 por cada dólar, pero después de 2019 la ciudad cambió a una igualación de 6 a 1 solo sobre los primeros $150.

Analizamos cada una de las contribuciones detalladas a candidatos de SF desde 2012 y encontramos que, después de que la ciudad subió la igualación a 6 a 1 en 2019, la donación mediana bajó mientras que los fondos municipales se mantuvieron prácticamente iguales. Es decir, alguien que en 2019 habría donado $450 ahora simplemente dona $150. Así, los donantes ahorraron dinero y los contribuyentes pagaron la cuenta.

Tal vez valdría la pena si con esto hubiera más diversidad en las elecciones, o si más candidatos con pocas posibilidades lograran ganar, pero las elecciones no cambiaron. Los datos de la Comisión de Ética muestran que los titulares del cargo ganan en la misma proporción y que se postulan menos candidatos, mientras que 2024 marcó un récord de gasto y los contribuyentes pagaron $8.8M de esa cifra.

En San Francisco, el financiamiento público ha significado que los donantes aportan menos, los contribuyentes pagan más y los resultados de las elecciones son los mismos. Vote NO a la Propuesta 4.

¿Qué es?

La Propuesta 5 cambia la forma en que California destituye a un funcionario estatal, como el gobernador, el procurador general o el contralor.

Hoy en día, la Constitución de California incluye dos preguntas a la vez en la boleta de destitución: si se debe destituir al funcionario y quién debe reemplazarlo. Al reemplazo le basta con obtener la mayor cantidad de votos, aunque sea bastante menos de la mitad. El funcionario que enfrenta la destitución no puede postularse para conservar su propio cargo.

La Propuesta 5 elimina la contienda por el reemplazo. Los votantes responden una sola pregunta: sí o no a la destitución del funcionario. Si la mayoría vota SÍ, el cargo queda vacante y se cubre de la misma manera que cualquier otra vacante en ese puesto. El funcionario destituido no puede ser nombrado de nuevo en el cargo, pero sí puede postularse en una elección especial posterior.

Si se destituye al gobernador

El vicegobernador asume como gobernador por el resto del mandato. Hay una excepción: si la destitución ocurre durante los dos primeros años del mandato y antes de la fecha límite de nominación para las siguientes elecciones estatales, los votantes eligen al gobernador en una elección especial.

La Propuesta 5 no cambia la cantidad de firmas necesarias para que una destitución llegue a la boleta, ni los plazos para realizarla.

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¿Por qué votar SÍ?

En 2021, 46 candidatos se postularon para reemplazar al gobernador Newsom. Larry Elder encabezó esa lista con 3.6 millones de votos, el 48% de los emitidos por un reemplazo, mientras que 7.9 millones votaron por mantener a Newsom. Si la destitución hubiera ganado por un solo voto, Elder habría llegado a gobernador con menos de la mitad de los votos que obtuvo Newsom para conservar su puesto. Ese premio es la razón por la que los grupos de interés ven las destituciones estatales como una segunda oportunidad para ganar la elección que acaban de perder.

San Francisco ya realiza las destituciones como lo propone la Propuesta 5. En 2022 destituimos a tres miembros del Consejo de Educación y a nuestro fiscal de distrito con una sola pregunta de sí o no; la alcaldesa nombró a los reemplazos y la ciudad siguió adelante. Cuando la expresidenta del Consejo de Educación destituida, Gabriela López, volvió a postularse ese noviembre, perdió por amplio margen, lo cual zanjó cualquier discusión sobre si la destitución reflejaba la voluntad de los votantes.

Es una solución sencilla y un SÍ fácil.

¿Qué es?

La Propuesta 37 es un programa estatal de préstamos para el pago inicial de $25 mil millones dirigido a compradores de clase media de viviendas recién construidas.

Si un comprador que reúne los requisitos aporta un pago inicial del 3%, la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA, por sus siglas en inglés) le otorgará una segunda hipoteca que cubre hasta el 17% del precio de compra de la vivienda, para que el pago inicial total llegue al 20%. Después, el comprador obtendrá una hipoteca tradicional.

Se trata de bonos de ingresos, no de bonos de obligación general, por lo que el Fondo General del estado no los respalda. A los tenedores de los bonos se les paga con los pagos de los préstamos de los prestatarios, de modo que son los inversionistas (instituciones y particulares que compran los bonos), y no los contribuyentes, quienes asumen el riesgo si los prestatarios dejan de pagar.

Sin costo para los contribuyentes

CalHFA es una agencia estatal autofinanciada que se sostiene con su actividad crediticia, no con el dinero de los contribuyentes. La agencia fija los criterios para aprobar los préstamos y decide cuántos bonos vender, y solo prestará con un nivel de riesgo que considere aceptable. Si un comprador deja de pagar, pierde la vivienda y su pago inicial. Cualquier pérdida restante recae en los tenedores de los bonos, no en el presupuesto estatal.

Quién califica

El comprador debe haber vivido en California por al menos 1 año, ganar como máximo el 200% del ingreso medio del área (AMI, por sus siglas en inglés) según el tamaño de su familia y mudarse a la vivienda como su residencia principal. La vivienda debe ser completamente nueva, con el comprador como primer dueño, y su precio no puede superar el 125% del límite federal para préstamos conformes en ese condado.

Demandas por defectos de construcción

La Propuesta 37 tiene una segunda parte dirigida a quienes construyen esas viviendas, ya que un préstamo para el pago inicial solo sirve si hay viviendas nuevas para comprar. Se enfoca en las reglas para demandar por defectos de construcción, que según los investigadores de vivienda son una de las principales razones por las que California construye tan pocos condominios.

Hoy en día, a los constructores se les puede demandar por defectos en viviendas nuevas durante 10 años después de la construcción, pero solo durante 4 años en el caso de las viviendas de alquiler. Los investigadores del Terner Center de UC Berkeley y de SPUR señalan que esta es una de las principales razones por las que los desarrolladores construyen apartamentos de alquiler en lugar de condominios: entre 2011 y 2021, los condominios fueron apenas el 3% de las nuevas viviendas multifamiliares de California, frente al 38% en Canadá, y asegurar un proyecto de condominios cuesta de tres a cuatro veces más que uno de alquiler similar. Con frecuencia, los abogados se acercan a las asociaciones de propietarios para proponerles demandar cuando se aproxima el plazo de 10 años, y el Terner Center señala que los honorarios condicionados al resultado, de hasta un tercio de un acuerdo en efectivo, desalientan los acuerdos que solo contemplan reparaciones. Varios grupos de vivienda, entre ellos el Terner Center, SPUR y California YIMBY, han recomendado cambiar estas reglas.

La Propuesta 37 las cambia para las viviendas construidas dentro de su programa. Los constructores pueden optar por participar: a cambio de asumir ciertas normas laborales, obtienen para esas viviendas un proceso reformado para los reclamos por defectos de construcción bajo la Ley del Derecho a Reparar (Right to Repair Act). Un reclamo por defectos debe nombrar a cada propietario y cada defecto alegado; el constructor puede tratar directamente con los propietarios y obtener un finiquito firmado una vez terminadas las reparaciones; y un abogado que demande a cambio de un porcentaje del resultado puede cobrar como máximo el 30% de lo que ganen los propietarios, a menos que un juez apruebe más. Un constructor que venda una vivienda a un precio que supere en más de un 25% el tope pierde estas reformas para esa vivienda.

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¿Por qué votar SÍ?

La Propuesta 37 ayudará a reactivar la construcción de condominios, que ha caído a apenas el 3% de la nueva construcción multifamiliar. Los condominios son las primeras viviendas que las familias realmente pueden pagar, y un problema grave frenó su construcción: la responsabilidad legal por defectos de construcción. Asegurar un proyecto de condominios cuesta de tres a cuatro veces lo que cuesta uno de alquiler, así que los constructores prefieren construir viviendas de alquiler.

La Propuesta 37 resuelve este problema para las viviendas de su programa. Los constructores que participan obtienen un proceso reformado para los reclamos por defectos: pueden reparar los problemas directamente y obtener un finiquito firmado al terminar las reparaciones, en lugar de pasar años en los tribunales. A su vez, los préstamos para el pago inicial aportan compradores para estas nuevas primeras viviendas.

Por lo general, somos escépticos de los subsidios para el pago inicial, porque ayudar a los compradores a competir por una cantidad fija de viviendas simplemente sube los precios para todos. Sin embargo, los préstamos de la Propuesta 37 solo se aplican a construcciones nuevas, de modo que la demanda llega adonde la oferta puede responder.

Habríamos preferido que esto se resolviera con una ley en Sacramento, y estuvo a punto de lograrse. El AB 1903 se aprobó en la Asamblea por 68 votos a 0 y fue aprobado en el Senado, pero murió al terminar la sesión antes de una votación final. Mientras Sacramento no lo intente de nuevo, la Propuesta 37 es el único alivio disponible.

Es un experimento, y la Oficina del Analista Legislativo no puede determinar si impulsará la construcción. Pero los prestatarios pagan los préstamos y, si el programa fracasa, los contribuyentes no deberán nada. Démosle una oportunidad y veamos si funciona.

¿Qué es?

La Propuesta 38 es un bono estatal de $8.4 mil millones para la investigación en inmunología e inmunoterapia. La mitad de los fondos, unos $4.2 mil millones, irá a un solo instituto cofundado por el autor de la Propuesta 38, y la otra mitad se repartirá en subvenciones para proyectos específicos en universidades públicas y sin fines de lucro de California y en instituciones de investigación sin fines de lucro.

La mitad destinada a subvenciones no está abierta a todas las universidades de California. Solo pueden solicitarlas las instituciones que tienen un puesto en el consejo que otorga las subvenciones; además, el consejo debe consultar con el instituto antes de cada adjudicación, y todo beneficiario debe ofrecerle al instituto un papel en la investigación financiada.

Al menos $2.1 mil millones de cada mitad, es decir, $4.2 mil millones de los $8.4 mil millones, deben destinarse al cáncer, las enfermedades del corazón y la enfermedad de Alzheimer.

Las condiciones

Aceptar este dinero conlleva dos obligaciones, sin importar lo pequeña que sea la subvención:

1. Quien lo reciba le debe al estado el 10% de todo lo que gane por vender o licenciar cualquier patente u otra propiedad intelectual que surja de la investigación financiada. El estado se queda con ese dinero hasta que los bonos se paguen con intereses, y después el dinero vuelve al fondo de investigación.
2. Todo medicamento desarrollado con este dinero debe venderse en California a un precio al menos 20% inferior al promedio nacional después de su primer año en el mercado.

Robert Kaplan, profesor de políticas de salud de UCLA y exdirector asociado de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), sostiene que las universidades rara vez llevan medicamentos al mercado por su cuenta, y que la regla de precios podría llevar a las empresas que sí lo hacen a vender esos productos primero en otros estados.

Programas anteriores

Los electores aprobaron $3 mil millones en 2004 y $5.5 mil millones en 2020 para la investigación con células madre a través del CIRM, la agencia estatal de células madre, lo que suma $8.5 mil millones en total. La primera terapia financiada por el CIRM en obtener la aprobación de la FDA llegó en marzo de 2026, unos 21 años después: una terapia génica para un trastorno inmunitario infantil extremadamente raro y a menudo mortal.

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¿Por qué votar NO?

El multimillonario Gary Michelson presentó la Propuesta 38, y cada dólar que figura en la lista de principales donantes de la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC, por sus siglas en inglés) a la campaña del Sí proviene de él o de Meyer Luskin, ambos cofundadores del instituto que la medida financiaría. Los requisitos de elegibilidad para la mitad de $4.2 mil millones destinada al instituto describen al instituto sin fines de lucro de UCLA que Michelson cofundó y preside, hasta el detalle de los dos programas que creó su donación: una organización sin fines de lucro que ya existiera al 1 de enero de 2025, con al menos 200,000 pies cuadrados, $250M en compromisos de donación y $50M para cada uno de sus programas de vacunas y de microbioma. Un portavoz de UCLA confirmó que ninguna otra institución cumple los requisitos.

Si Washington recorta los fondos para la investigación, la Legislatura puede financiar la investigación científica en el presupuesto de cualquier año y adjudicar esos fondos por concurso. Para eso no hace falta un bono. Además, California ya hizo este experimento con $8.5 mil millones para la investigación con células madre en 2004 y 2020: el único tratamiento aprobado por la FDA que salió de ahí llegó después de 21 años, para una enfermedad rarísima, mientras que el 92% de las adjudicaciones hasta 2012 fue a instituciones vinculadas a la junta directiva de la agencia.

A la inmunoterapia no le falta dinero. Un solo medicamento de inmunoterapia, Keytruda, vendió $31.7 mil millones en 2025, y los inversionistas privados van detrás de cada pista prometedora en este campo. Donde sobra el dinero privado, no hace falta dinero público.

La Propuesta 38 costaría entre $500M y $600M por año durante unos 20 años a un Fondo General que, según el analista legislativo, arrastra un desequilibrio estructural este año, con déficits proyectados para todos los años siguientes. La investigación es una buena causa y es excelente que el gobierno estatal y el federal la financien; precisamente por eso merece algo mejor que un bono que un donante redactó a la medida de su propio instituto. Vote NO.

¿Qué es?

La Propuesta 39 exige que los electores presenten una identificación válida emitida por el gobierno cuando voten en persona. Quienes votan por correo, en cambio, escriben los últimos cuatro dígitos de su número de identificación en el sobre de la boleta. El estado debe emitir gratis una tarjeta de identificación de elector a cualquier elector elegible que la solicite.

La medida define la identificación emitida por el gobierno como «documentación que permita la verificación concluyente de la identidad del elector». No especifica qué documentos cumplen el requisito, como la licencia de conducir, la tarjeta de identificación estatal o el pasaporte.

Verificación de ciudadanía

El estado y los condados deben verificar la ciudadanía de las personas inscritas en el padrón electoral cotejándolo con datos del gobierno, e informar cada año qué proporción del padrón de cada condado se ha verificado.

La ley actual

Hoy en día, California pide el número de la licencia de conducir, el número de identificación estatal o los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social cuando usted se inscribe para votar, aunque puede inscribirse sin ninguno de ellos, en cuyo caso el condado le asigna un número. A los electores no se les pide identificación en las urnas. La excepción: si usted se inscribió por correo y no se pudo verificar su número, es posible que le pidan identificación la primera vez que vote, y se acepta una amplia lista de documentos, como una factura de servicios públicos o un estado de cuenta bancario.

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¿Por qué votar NO?

La suplantación de identidad en persona, el único fraude que puede detener una verificación de identificación con foto, es de lo más raro que ocurre en las elecciones de EE.UU.: una revisión del Brennan Center de la base de datos de casos comprobados de fraude de la Heritage Foundation encontró apenas 10 casos entre miles de millones de votos.

Las verificaciones de ciudadanía de la Propuesta 39 solo les piden a los funcionarios que hagan «todo lo posible» con datos del gobierno, y el estado ya verifica su identidad con los registros del DMV y del Seguro Social cuando usted se inscribe para votar.

El verdadero cambio recae sobre los cuatro de cada cinco californianos que votan por correo. La Propuesta 39 lo obliga a escribir cuatro dígitos de un número de identificación en el sobre de emisión, y esos dígitos deben coincidir con el número de identificación que consta en su registro electoral. Si olvida con qué número se inscribió, o invierte un dígito, su boleta válida tendrá una razón totalmente nueva para ser rechazada, además de la verificación de firma que ya funciona.

A cambio, la Oficina del Analista Legislativo estima un costo de entre decenas de millones y unos pocos cientos de millones de dólares por año, todo para perseguir un problema que no existe y, de paso, hacer que su propia boleta sea más fácil de rechazar. Vote NO.

¿Qué es?

La Propuesta 40 (The 2026 Billionaire Tax Act) es un impuesto por única vez del 5% sobre el patrimonio neto de los residentes de California que tengan $1,000 millones o más, solo para el año fiscal 2026. También grava ciertos fideicomisos en los que un multimillonario haya puesto bienes. Todas las personas que eran residentes de California al 1 de enero de 2026 están sujetas al impuesto.

El impuesto entra de forma gradual para patrimonios netos de entre $1,000 millones y $1,100 millones, y se aplica sobre la totalidad del patrimonio neto, por lo que no es un impuesto progresivo. Un matrimonio cuenta como una sola persona.

Todo residente de California que presente una declaración de impuestos estatal de 2026 debe declarar que su patrimonio neto fue de $1,000 millones o menos, o bien presentar los formularios del impuesto al patrimonio.

Qué cuenta como patrimonio neto

Todo lo que el contribuyente y su cónyuge poseen en el mundo, menos sus deudas, excepto bienes raíces, cuentas de jubilación, hasta $5M en obras de arte, u otros bienes fuera de California, salvo que se hayan trasladado para evadir el impuesto.

Adónde va el dinero

Lo recaudado va a un nuevo fondo que se mantiene fuera del Fondo General y queda exento del límite de gasto estatal. Se reparte así: 90% para atención médica (Medi-Cal y otras coberturas para personas de ingresos bajos y moderados) y 10% para la educación K-14 (desde kínder hasta los dos primeros años de colegio comunitario) y la asistencia alimentaria (CalFresh y comidas escolares).

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¿Por qué votar NO?

La Propuesta 40 es un impuesto que se cobra una sola vez para financiar programas que duran para siempre, y el dinero es menos, y menos seguro, de lo que afirma la campaña. La Oficina del Analista Legislativo prevé decenas de miles de millones de dólares, no los $100 mil millones que promete la campaña, además de una pérdida continua de menos de $1,000 millones por año en ingresos del impuesto sobre la renta a medida que los contribuyentes ricos se vayan. Seis multimillonarios ya se fueron antes de que llegara la fecha de residencia, y se llevaron consigo unos $27 mil millones de lo que se esperaba recaudar, junto con los impuestos sobre la renta anuales que ya no recibimos. Los recortes federales a Medicaid son reales y los hospitales sí necesitan el dinero; precisamente por eso necesitan dinero que de verdad llegue.

Además, es posible que el dinero llegue tarde o que nunca llegue. Ningún estado ha gravado el patrimonio neto de esta manera, y la medida programa su propia batalla judicial para que se extienda hasta finales de 2027. Una clínica no puede pagar la nómina con ingresos atrapados en los tribunales.

No tiene que creernos a nosotros. La California Teachers Association, Planned Parenthood, la California Medical Association y los hospitales del estado, los mismos grupos a los que este dinero supuestamente debe rescatar, se oponen a la medida, al igual que el gobernador Newsom. Esta misma boleta incluye una alternativa duradera que respaldamos: la Propuesta 3, que mantiene las tasas actuales de impuestos sobre los ingresos altos. Financie la atención médica con dinero que sí llegue. Vote NO a la Propuesta 40 y SÍ a la Propuesta 3.

¿Qué es?

La Propuesta 41 hace dos cosas. Antes de que los electores decidan sobre un nuevo impuesto especial, el Auditor Estatal debe auditar los programas que ese impuesto financiaría. Además, los nuevos impuestos estatales ya no podrán quedar exentos del límite de Gann, el tope al gasto estatal que los electores aprobaron en 1979.

Auditorías

Una vez que los promotores de una iniciativa de impuesto especial (un impuesto destinado a fines específicos) certifiquen que han reunido el 25% de las firmas necesarias para llegar a la boleta, el Auditor Estatal debe iniciar una auditoría de cada programa que el impuesto financiaría. Si la iniciativa llega a la boleta, el resumen de la auditoría se publica en la Guía de Información para el Votante del estado. Los impuestos especiales aprobados a partir del 1 de enero de 2026 también se someten a una nueva auditoría cada cuatro años.

Límite de gasto

Ningún impuesto estatal promulgado o que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2026 puede quedar exento del límite de gasto; el estado no puede imponer, cobrar ni hacer cumplir un impuesto así.

Medidas en conflicto

La Propuesta 40, el impuesto por única vez del 5% sobre el patrimonio neto de los multimillonarios que aparece en esta misma boleta, envía lo recaudado a un fondo que no cuenta para el límite de gasto, y la cláusula sobre medidas en conflicto de la Propuesta 41 considera que cualquier medida de la misma boleta con un impuesto así está en conflicto con ella. Si ambas se aprueban y la Propuesta 41 obtiene más votos a favor, todas las disposiciones de la Propuesta 40 quedan anuladas y sin efecto. Ninguna de las dos medidas menciona a la otra, así que un tribunal decidiría si la Propuesta 40 entra en esa cláusula.

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¿Por qué votar SÍ?

La Constitución de California pone un tope a la cantidad de ingresos fiscales que el estado puede gastar cada año. Ese tope se conoce como el límite de Gann, por la iniciativa de 1979 que lo creó. Sin embargo, una iniciativa puede eximirse a sí misma: basta con declarar que lo que recauda su impuesto no cuenta para el tope, y el límite nunca se aplica. La Propuesta 40, en esta misma boleta, hace exactamente eso. La Propuesta 41 cierra ese vacío legal: ningún impuesto estatal nuevo podrá eximirse del límite. Un límite constitucional que cualquier medida puede evadir en una sección de definiciones no es ley; es pura decoración.

No somos partidarios del límite de Gann. Desde 1978, California ha puesto topes a los impuestos sobre la propiedad y al gasto, y ha dependido de impuestos volátiles sobre la renta y las ganancias de capital para cubrir la diferencia, lo que explica por qué el presupuesto pasa bruscamente del superávit al déficit. Con gusto veríamos ese sistema reconstruido. Pero la forma de cambiar un límite constitucional es someter el cambio directamente a los electores, como hace la Propuesta 2 de esta boleta con las reglas de ahorro del límite. No es dejar abierto un vacío legal para que lo aproveche la campaña que contrate a los abogados más astutos.

Algo que debe saber antes de votar SÍ: la parte de las auditorías es un mecanismo débil. El Auditor Estatal debe recomendar ahorros anuales del 10% en cada programa auditado, exista o no el despilfarro; nada obliga a un programa a adoptar ninguna recomendación, y la Oficina del Analista Legislativo considera que los ahorros son desconocidos.

Los límites constitucionales obligan hasta que los electores los cambian. Hay que arreglar el límite de Gann, no esquivarlo. Vote SÍ.

¿Qué es?

La Propuesta 42 prohíbe dos tipos de impuestos estatales nuevos: los que gravan el simple hecho de tener fondos de jubilación y otros ahorros personales, y los impuestos retroactivos, que se aplican a hechos anteriores a su entrada en vigor.

La prohibición sobre la tenencia abarca las cuentas de jubilación, las inversiones y prácticamente cualquier otra cosa que una persona pueda poseer. Impide gravar la simple posesión de estos bienes, pero se podrá seguir cobrando impuestos cuando se gana, se vende o se retira dinero, de modo que los impuestos sobre los ingresos y sobre las ganancias de capital no cambian. Los impuestos que ya existían antes de 2026 quedan intactos.

La prohibición de impuestos retroactivos significa que un nuevo impuesto estatal no podría aplicarse hacia atrás y cobrarle a usted por conductas, actividades o una condición (incluido el lugar donde vivía) anteriores a su entrada en vigor. Ambas prohibiciones abarcan cualquier ley estatal o disposición constitucional promulgada a partir del 1 de enero de 2026, incluidas las iniciativas estatales que aparezcan en la misma boleta que la Propuesta 42.

Medida rival

La Propuesta 40, que aparece en esta misma boleta, impondría un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de los californianos que tengan $1,000 millones o más. Según la cláusula sobre medidas en conflicto de la Propuesta 42, se considera en conflicto cualquier iniciativa de la misma boleta que grave la tenencia de estos bienes, o que grave conductas o condiciones anteriores a su fecha de entrada en vigor. Si la Propuesta 42 obtiene más votos a favor, todas las disposiciones de la otra medida quedan anuladas y sin efecto.

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¿Por qué votar SÍ?

La Propuesta 42 cierra una puerta que nunca debió abrirse: cobrarles impuestos a los californianos por una riqueza que todavía no han hecho efectiva y que quizá nunca vean. Prohíbe nuevos impuestos estatales sobre la posesión de ahorros y bienes y prohíbe los impuestos retroactivos que se remontan a conductas o a la residencia anteriores a la entrada en vigor de una ley. Todos los impuestos existentes se mantienen: cuando usted vende acciones, cobra regalías o vende su negocio, California le cobra impuestos hoy y lo seguirá haciendo de la misma manera después de la Propuesta 42.

Los impuestos a la tenencia fracasan por su propia mecánica. Los bienes sin precio de mercado no se pueden valorar de forma justa, los activos poco líquidos obligan a sus dueños a vender o a endeudarse para pagar impuestos sobre ganancias en papel que pueden esfumarse, y los impuestos retroactivos rompen el acuerdo básico de que las reglas se conocen antes de que obliguen. Estos defectos no son hipotéticos: explican por qué la Propuesta 40, el impuesto único a la riqueza de esta boleta, necesita calendarios de pago a plazos, mecanismos de aplazamiento y disputas sobre avalúos solo para funcionar.

Se trata de un candado constitucional, y en general desconfiamos de ellos. Sin embargo, definir qué tipo de cosas puede gravar el estado es precisamente la función de una constitución: el impuesto federal sobre los ingresos requirió una enmienda para existir, la Propuesta 13 ya limita las tasas del impuesto sobre la propiedad, y una mayoría futura puede enmendar esto de la misma forma en que esta mayoría lo aprueba.

Eso sí, conviene saber qué está votando. La Propuesta 42 fue financiada casi en su totalidad por Building a Better California, el comité respaldado por Sergey Brin y otros fundadores del sector tecnológico, y su lista de bienes protegidos (participaciones en empresas, activos digitales, propiedad intelectual) se parece mucho a sus carteras de inversión. Además, incluye una cláusula que anula por completo la Propuesta 40 si la Propuesta 42 obtiene más votos a favor. Nos oponemos a la Propuesta 40 por su propio contenido, así que ninguna de estas dos cosas cambia nuestro voto. Juzgue el texto, no a los donantes.

La Propuesta 42 mantiene todos los impuestos que ya tiene California y frena solo los que le cobrarían por poseer lo que usted ya ganó. Vote SÍ.

¿Qué es?

La Propuesta 43 restablece el requisito de dos tercios de los votos para aprobar un impuesto especial local, sin importar quién lo haya incluido en la boleta.

Un «impuesto especial» es un impuesto con un fin específico, como un impuesto predial parcelario para las escuelas o un impuesto a las empresas que financia servicios para personas sin hogar. La Propuesta 43 no afecta los impuestos generales, que van al fondo general y se siguen aprobando por mayoría simple.

Qué cambia

Desde 1978, cuando los votantes aprobaron la Propuesta 13, hasta 2017, todo impuesto especial local necesitaba dos tercios de los votos. Un fallo de 2017 de la Corte Suprema de California, California Cannabis Coalition v. City of Upland, cambió eso: ahora los tribunales permiten que un impuesto especial se apruebe con el 50% más uno si llegó a la boleta mediante firmas de votantes. San Francisco usó esa vía en 2018 para aprobar la Propuesta C, el impuesto sobre ingresos brutos para atender el problema de las personas sin hogar, con el 61%.

A partir del 1 de enero de 2027, la Propuesta 43 restablece la regla de los dos tercios para las iniciativas ciudadanas. Abarca ciudades, condados, ciudades con carta municipal propia y distritos especiales, incluidos los distritos escolares. Además, prohíbe que las iniciativas de los votantes impongan un impuesto basado en el valor de una propiedad. Los gobiernos locales ya tienen prohibido hacerlo, y el impuesto ordinario del 1% sobre la propiedad que fija la Propuesta 13 no cambia.

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¿Por qué votar SÍ?

Desde el fallo Upland de 2017, los impuestos especiales (es decir, los impuestos que solo pueden gastarse en fines específicos) reciben un trato distinto según cómo hayan llegado a la boleta. En el caso de los impuestos especiales locales, el umbral es del 66.66% de los votantes si los propone el órgano legislativo local, o apenas del 50% si una campaña paga para reunir firmas.

Nos parece injusto e incoherente tratar la misma ley de manera distinta según cómo llegue a la boleta.

La política fiscal deben redactarla los legisladores que elegimos para esa tarea, con audiencias y enmiendas, y no cualquier campaña que pueda pagar a recolectores de firmas. California ya somete demasiadas preguntas sobre impuestos directamente a los votantes. Un impuesto que se salta al órgano legislativo debería, al menos, tener que ganarse un amplio apoyo.

Para definir nuestra postura sobre la Propuesta 43, consideramos la equidad y la coherencia de las reglas que rigen los impuestos especiales, la permanencia de los fondos con destino fijo y el impacto sobre la regla de la mayoría.

En el fondo, creemos que todos los impuestos deberían estar sujetos a las mismas reglas, sin importar cómo lleguen a la boleta. También creemos firmemente que los impuestos que van al fondo general solo deberían requerir mayoría simple.

Los impuestos especiales, en cambio, restringen el uso de lo recaudado a fines específicos, lo cual limita la flexibilidad de las mayorías futuras para asignar los fondos como mejor les parezca y, por lo tanto, ata a quienes decidan en el futuro a las decisiones del presente. Creemos que los impuestos especiales deberían requerir una mayoría calificada para aprobarse, de modo que esos compromisos permanentes cuenten con un amplio apoyo. Una mayoría estrecha de votantes no debería poder imponerles obligaciones financieras permanentes a las generaciones futuras.

La objeción más sólida es la regla de la mayoría: con un umbral de dos tercios, el 35% de los votantes locales puede bloquear lo que apoya el 65%. Pero un fondo con destino fijo y permanente también ata a las mayorías. Un impuesto que ninguna mayoría futura puede tocar debería tener que ganar una mayoría calificada una vez, y eso protege la regla de la mayoría durante más años de los que la contraría en una sola elección.

Vote SÍ a la Propuesta 43.

¿Qué es?

La Propuesta 44 sanciona a ciertas clínicas de salud sin fines de lucro que destinan menos del 90% de sus ingresos a su misión. La sanción equivale a lo que les falte para llegar a esa cifra.

Abarca a las clínicas sin fines de lucro que son centros de salud con calificación federal (FQHC, por sus siglas en inglés), además de las llamadas «FQHC Look-Alikes», que cumplen las normas federales sin recibir la designación de FQHC. Quedan excluidas las organizaciones tribales y las organizaciones indígenas urbanas, así como los hospitales y los consultorios privados.

Cada clínica afectada tendría que enviarle al procurador general dos cifras cada año: lo que gastó en su misión y sus ingresos totales, ambas a partir de datos que la clínica ya reporta al IRS. El procurador general divide una entre la otra para obtener un «índice de gasto en la misión» (Mission Spend Ratio) y luego lo publica.

La sanción del 90%

Si el índice de una clínica queda por debajo del 90%, el Departamento de Salud Pública le cobra una sanción equivalente a toda la diferencia: el 90% de los ingresos totales de la clínica, menos lo que realmente gastó en su misión. La medida nunca plantea la cifra del 90% como una obligación de gasto. La hace cumplir mediante esta sanción.

El dinero de las sanciones va a una cuenta estatal de depósito en garantía, y una clínica puede pedirle al Departamento de Salud Pública una exención del requisito del 90%.

La exposición de motivos de la medida habla de la remuneración de los ejecutivos de las clínicas, pero las secciones operativas no limitan ni regulan esos sueldos. La remuneración de los ejecutivos cuenta en contra del índice igual que cualquier otro gasto ajeno a los programas.

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¿Por qué votar NO?

La Propuesta 44 es el cuarto intento del SEIU-UHW de regular un sector de la salud mediante una medida electoral, después de que los votantes rechazaran sus tres iniciativas sobre clínicas de diálisis. Esta vez el blanco son las clínicas comunitarias sin fines de lucro, donde, según sus administradores, el sindicato está buscando sindicalizar al personal, y la herramienta es una regla que obliga a cada clínica a destinar al menos el 90% de sus ingresos a «gastos relacionados con su misión».

Un mínimo del 90% suena razonable. Pero todo lo demás que paga una clínica tiene que caber en el 10% restante, y la Oficina del Analista Legislativo concluyó que las clínicas hoy destinan en promedio alrededor del 80%, de modo que la mayoría de las clínicas comunitarias del estado tendrían que pagar una sanción. Esa sanción equivale a toda la diferencia. Además, la medida nunca define su término central: el procurador general redacta la definición después de las elecciones, así que una clínica que paga camionetas para transportar pacientes o trabajo de acercamiento comunitario podría recibir la misma sanción que quien se lucra indebidamente. Un análisis encargado por las clínicas calcula las sanciones del primer año en $1,700 millones, y las clínicas han presentado una demanda ante un tribunal federal para detenerla.

Quienes de verdad sostienen la red de atención médica para las personas de bajos ingresos, la California Primary Care Association, la California Medical Association y Planned Parenthood, se oponen a la medida, en un momento en que los recortes federales a Medicaid ya están asfixiando a las clínicas que atienden a 4.2 millones de pacientes de Medi-Cal. El lugar para resolver un conflicto laboral es la mesa de negociación. No deje que se resuelva multando a las clínicas de las que dependen sus vecinos. Vote NO.

¿Qué es?

La Propuesta 45 agrega un nuevo conjunto de reglas a la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés), la ley estatal que obliga a las agencias a estudiar los efectos ambientales de un proyecto antes de aprobarlo. Estas reglas fijan plazos y limitan las demandas para ocho categorías de proyectos.

Las ocho categorías, que la Propuesta 45 llama «proyectos esenciales», son vivienda, energía limpia, agua, salud pública, seguridad pública, banda ancha, instalaciones educativas y transporte. Usar las nuevas reglas es decisión de quien propone el proyecto, ya sea una empresa, una agencia pública o una empresa de servicios públicos, que puede optar por el proceso más rápido, quedarse con la revisión ordinaria de la CEQA o combinar ambos. En cualquier caso, el proyecto sigue pasando por una revisión ambiental, y la agencia a cargo todavía puede aprobarlo o rechazarlo.

La categoría de vivienda abarca cualquier tipo de vivienda, incluida la vivienda a precio de mercado. La definición no incluye ningún requisito de asequibilidad.

Plazos

El plazo más largo es de 365 días para un informe de impacto ambiental (EIR, por sus siglas en inglés). Le siguen 180 días para una declaración negativa, 90 días para una exención y 30 días para decidir si una solicitud está completa. Los principales plazos de revisión se cuentan en días hábiles, no en días calendario, de modo que el plazo de 365 días para el EIR equivale a unos 1.4 años calendario, más que el plazo actual de la CEQA, que es de un año calendario.

Solo el solicitante puede extender un plazo de revisión. Si una agencia no cumple un plazo, el solicitante puede exigir una audiencia en la que la agencia debe aprobar o rechazar el proyecto con los documentos ambientales que existan, y el solicitante puede demandar para obligarla a hacerlo.

Demandas

La Propuesta 45 también reduce lo que pueden hacer los tribunales: los reclamos de quien impugna un proyecto se limitan a «leyes objetivas existentes», y un tribunal que encuentre una infracción puede bloquear solo la parte del proyecto afectada hasta que se corrija, pero no puede ordenarle a la agencia que revoque su aprobación.

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¿Por qué votar SÍ?

En California, la revisión ambiental no tiene plazo, y terminarla no da ninguna certeza. Una agencia puede tardar años en revisar un proyecto de vivienda o una granja solar, y una vez que por fin se aprueba, una sola demanda puede anularlo y obligar a todos a empezar de cero. El único ganador seguro es quien no quería que se construyera nada.

La Propuesta 45 le pone plazos al proceso para los proyectos esenciales: vivienda, agua, energía limpia, clínicas, escuelas, banda ancha y transporte público. Las agencias tienen 30 días para declarar completa una solicitud, 90 días hábiles para resolver sobre una exención y 365 días hábiles para terminar un informe ambiental, y un solicitante puede forzar una decisión cuando una agencia incumple un plazo. Las demandas deben resolverse, incluidas las apelaciones, en un plazo de 270 días, y un tribunal puede detener la parte de un proyecto que infringe la ley, pero ya no puede tumbar el proyecto completo.

Nada queda exento, ya que todo proyecto sigue pasando por la revisión ambiental conforme a las mismas leyes. El Sierra Club objeta que limitar los motivos por los que los opositores pueden demandar debilita el cumplimiento de la ley, y esa es la verdadera disyuntiva: la Propuesta 45 traslada el poder de quien puede costear una demanda a quien cumple las reglas escritas. Creemos que es la decisión correcta; además, los solicitantes pueden elegir si usan el proceso más rápido, y la Legislatura puede enmendarla con dos tercios de los votos, algo que la mayoría de las iniciativas nunca permite. Los costos también recaen donde deben: la Oficina del Analista Legislativo prevé que los costos iniciales de los proyectos privados se cubran con cuotas y reembolsos de los solicitantes, y que el gobierno probablemente obtenga ahorros netos a largo plazo gracias a la menor carga de trabajo.

La Legislatura demostró que esta lógica funciona en 2025, cuando eximió de la CEQA a la mayoría de las viviendas en zonas urbanas ya construidas (infill). La Propuesta 45 aplica esa misma lógica al resto de lo que le falta a California. La demora es una decisión de política pública, y usted la paga en el alquiler, en las facturas de energía y en las tarifas del agua. Vote SÍ.

Recomendamos votar por Scott Wiener para la Cámara de Representantes de EE.UU., Distrito 11.

Una nota sobre esta contienda: aunque se trata de una contienda federal, limitamos nuestro cuestionario a los temas que afectan directamente a San Francisco. Nuestra especialidad es la política local, a nivel municipal, no los asuntos nacionales o internacionales. Les pedimos a los candidatos que respondieran desde la perspectiva de San Francisco, como alguien que representaría los intereses de la Ciudad en Washington.

Comparación de candidatos

Las cifras de apoyo de los votantes provienen de las encuestas de GrowSF (2024 a 2026) y de los resultados electorales de San Francisco.

Scott Wiener ha pasado la última década como uno de los legisladores proviviendas más persistentes y eficaces de California. Como exsupervisor de San Francisco y actual senador estatal del Distrito 11 (San Francisco), ha construido una trayectoria en los temas que más directamente determinan la calidad de vida y el costo de vida en San Francisco: la producción de vivienda, el transporte público y la capacidad del gobierno para cumplir de verdad.

En este grupo de candidatos, Wiener se destaca porque ya ha logrado aprobar leyes grandes y polémicas en condiciones políticas hostiles, y eso importa en Washington, donde la retórica sale barata y cumplir no. Como con cualquier candidato, hay temas en los que no coincidimos con Wiener (sus posturas sobre la regulación de la inteligencia artificial y sobre seguridad pública se apartan de las nuestras en algunos puntos), pero sigue siendo la mejor opción para conseguir resultados.

Resultados antes que retórica. Mi trabajo no es mantener una pureza ideológica; es mejorar la vida de la gente.

Scott WienerSenador estatal, Distrito 11

¿Por qué votar por Scott Wiener?

Las principales prioridades de Scott Wiener son las siguientes:

1. Construir más viviendas para bajar el costo de vida

El argumento más fuerte de Wiener en esta contienda es sencillo: ya ha logrado aprobar leyes proviviendas a gran escala. La SB 35 obligó a las ciudades que no estaban construyendo suficientes viviendas a aprobar de manera automática los proyectos que cumplieran con los requisitos. La SB 423 extendió y endureció ese marco. Y la SB 79, firmada en 2025, legalizó los edificios de apartamentos de mediana altura cerca de las principales paradas de transporte público en toda California. Esas leyes no resolvieron por sí solas la crisis de vivienda de California, pero cambiaron las reglas de la pelea, ya que hicieron más difícil que las ciudades esquivaran sus obligaciones de vivienda y más fácil aprobar las viviendas que tanto se necesitan.

Sin embargo, la ley estatal tiene sus límites. Al país le faltan 8 millones de viviendas, y el Congreso controla las herramientas federales que deciden cómo se financia y se construye la vivienda: los créditos fiscales, los vales de la Sección 8 y las reglas de revisión ambiental. Wiener quiere ampliar los créditos fiscales para vivienda, financiar la asistencia para el alquiler, premiar a las ciudades que construyan y eliminar trámites burocráticos federales. Aborda la vivienda como un problema tanto de construcción como de reglas. Necesitamos en el Congreso a alguien que entienda cómo los permisos, los plazos y el financiamiento impiden que se construyan viviendas.

2. Proteger el transporte público y la infraestructura urbana de los que depende San Francisco

La asequibilidad de San Francisco depende de que la gente pueda moverse por la ciudad y la región de manera confiable. En 2023, Muni y BART enfrentaban un precipicio fiscal de varios miles de millones de dólares que amenazaba con recortes del servicio en toda la región. Wiener armó la coalición que mantuvo en marcha ambos sistemas, al reunir a sindicatos, grupos ambientalistas, condados suburbanos, asociaciones empresariales y usuarios urbanos para asegurar $1.1 mil millones en financiamiento estatal de emergencia.

Ese financiamiento dio tiempo, pero no fue una solución permanente. Con la ayuda federal por COVID agotada y el número de pasajeros todavía muy por debajo de los niveles de antes de la pandemia, el transporte público del Área de la Bahía enfrenta ahora otro precipicio fiscal en 2026. BART, por sí solo, tiene por delante un déficit de $376 millones, y Muni se enfrenta a recortes del 50% en el servicio si no llegan nuevos ingresos. La respuesta de Wiener fue la SB 63, la Connect Bay Area Act, que autoriza una medida regional de impuesto sobre las ventas en la boleta de noviembre de 2026, la cual generaría aproximadamente $980 millones por año para estabilizar el transporte público en cinco condados del Área de la Bahía. Ya ha hecho este trabajo dos veces, y todavía no ha terminado.

En el Congreso, quiere arreglar la forma en que el gobierno federal financia el transporte público, pelear por fondos para mantener los trenes en funcionamiento (no solo para construir cosas nuevas) y evitar que se recorten los programas de transporte con energía limpia. Demasiados políticos usan el transporte público como una simple marca. Wiener lleva años haciendo el trabajo duro de mantenerlo con vida.

3. Una trayectoria de gobernar, no solo de hacer campaña

El próximo Congreso será un entorno difícil para un congresista demócrata novato de San Francisco. El argumento de Wiener sobre por qué aun así podrá lograr resultados es creíble: ha aprobado más de 100 proyectos de ley en la legislatura estatal, muchas veces frente a una oposición poderosa. Es autor de leyes importantes no solo en materia de vivienda, sino también sobre la cobertura del tratamiento de salud mental y adicciones (SB 855) y la neutralidad de la red (SB 822). Esa disposición a dar peleas, incluso con su propio partido, y la disciplina de regresar con una versión revisada cuando una coalición no alcanza, es exactamente lo que exige legislar a nivel federal.

¿Por qué no Connie Chan?

Connie Chan empezó como asistente de Aaron Peskin y desde entonces ha votado igual que él: en contra de la vivienda y del lado de las facciones más obstruccionistas de la Junta de Supervisores. Intentó activamente debilitar el plan de vivienda de San Francisco en un momento en que la ciudad necesitaba desesperadamente construir más. Fue la única supervisora que votó en contra de respaldar el peaje de los puentes que Scott Wiener impulsó en 2023, el cual habría mantenido en funcionamiento Muni y BART. Dijo que había llegado la hora de «desmantelar y reestructurar» el departamento de policía, y este año votó en contra del centro de sobriedad de SoMa y en contra de las viviendas con servicios de apoyo libres de drogas. No tiene logros legislativos significativos que mostrar. En este momento, San Francisco no necesita mandar al Congreso a alguien cuya principal habilidad es decir que no.

Sobre otros temas

Tecnología e inteligencia artificial: Wiener empezó a trabajar en reglas prudentes para la inteligencia artificial (IA) superinteligente en septiembre de 2023, hace tres años y mucho antes de que otros legisladores le prestaran atención. Su primer intento, la SB 1047, encontró la oposición de empresas tecnológicas de SF grandes y pequeñas, y el gobernador Newsom la vetó en 2024. Volvió con la SB 53, un proyecto de ley más acotado y centrado en la transparencia, que obtuvo un apoyo más amplio del sector y en 2025 se convirtió en la primera ley de seguridad de la IA de su tipo en el país. Su plataforma federal la llevaría a nivel nacional. Pensamos que su enfoque en California fue más intervencionista de lo necesario, pero ha demostrado que puede regular a las grandes tecnológicas sin que la industria se levante de la mesa. Chan no tiene un plan para la IA más allá de bloquearla, y no ha dicho qué reglas redactaría.

Salud y tratamiento: la SB 855 amplió la cobertura del tratamiento de salud mental y adicciones, y su plataforma de campaña sigue haciendo hincapié en bajar el costo de los medicamentos y ampliar el acceso a la atención médica.

Derechos civiles e inmigración: Wiener ha hecho de los derechos LGBTQ y de la protección de los inmigrantes una parte importante de su trayectoria pública. A los votantes de San Francisco les importa, y con razón.

Seguridad pública: Wiener se opuso a la Propuesta 36, que GrowSF apoyó y que casi el 70% de los votantes de California aprobó. Su enfoque frente a la crisis del fentanilo prioriza el acceso al tratamiento y el financiamiento federal para frenar el tráfico de drogas por encima de las medidas de rendición de cuentas que GrowSF prefiere. Es una diferencia real, pero no cambia el balance general de esta contienda.

Scott Wiener ha demostrado que puede aprobar leyes difíciles sobre los temas que San Francisco más necesita resolver. Connie Chan ha dedicado su carrera a bloquear; Wiener, la suya a conseguir resultados. Por eso cuenta con nuestro respaldo.

Recomendamos votar por Kevin Mullin para la Cámara de Representantes de EE.UU., Distrito 15.

Este distrito incluye solo una pequeña parte del sur de San Francisco, ya que la mayor parte está en el condado de San Mateo. Mullin lo representa desde 2022, después de diez años en la Asamblea Estatal, donde fue presidente pro tempore de 2014 a 2022. En el Congreso forma parte del Comité de Energía y Comercio, y este año consiguió $12.8 millones en fondos para proyectos comunitarios del distrito, entre ellos $960,000 para el Visitacion Valley Family Center y $250,000 para el Crocker Amazon Playground.

Su contrincante, Charles Hoelter, es un supervisor jubilado de UPS que hace campaña a favor de los límites de mandato, la identificación obligatoria para votar y la prohibición de que las atletas transgénero compitan en deportes femeninos. Ninguno de los dos candidatos respondió a nuestro cuestionario. Mullin es un titular eficaz que ha dado resultados al distrito, y tiene nuestro voto.